El presidente Javier Milei planea vetar la Ley de Financiamiento universitario y destinar un presupuesto limitado para 2025, lo que ha generado una fuerte respuesta de autoridades, gremios y estudiantes. Se han convocado Paro Nacionale para el 26 y 27 de septiembre, así como una gran marcha universitaria programada para la primera semana de octubre, que busca replicar la masividad de una movilización anterior.
Los gremios docentes y no docentes se están organizando para visibilizar la situación crítica que enfrenta la educación pública en el país. La presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Piera Fernandez De Piccol, enfatizó la necesidad de que el Congreso apoye a la universidad pública, destacando el impacto que la falta de financiamiento tiene en millones de estudiantes y trabajadores.
El proyecto de ley sancionado por el Congreso busca declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario y actualizar el presupuesto de 2023. Sin embargo, el presidente Milei ya ha anunciado su intención de veto, argumentando que no está dispuesto a asumir el costo fiscal que implicaría la ley. Las universidades, que albergan a alrededor de 2,5 millones de estudiantes, están en la mira del gobierno, que planea reducir aún más su financiamiento.
Además del recorte en el presupuesto, el nuevo plan contempla medidas que afectarían la autonomía universitaria y la garantía de financiamiento educativo. Los rectores de universidades están intentando persuadir a los diputados de sus provincias para que se opongan al veto, mientras los estudiantes enfrentan un aumento en los costos de vida que dificulta su acceso a la educación. La situación plantea un desafío significativo para el futuro de la educación pública en Argentina.
