El gobierno se encuentra en proceso de revisión y reestructuración de varios organismos descentralizados, entre ellos el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Esta medida se suma al reciente cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo (INADI), generando debate y preocupación en diversos sectores.
El INAI, creado en 1985 por la Ley de Asuntos Indígenas, tiene como función principal la atención y apoyo a las comunidades aborígenes del país, así como la gestión de programas de adjudicación y explotación de tierras. Sin embargo, el gobierno planea disolver este organismo, transfiriendo sus dependencias al Ministerio del Interior.
El anuncio ha generado controversia, con opiniones divergentes sobre su impacto y necesidad. Mientras que desde el gobierno se asegura que la función del INAI seguirá cumpliéndose, algunos críticos plantean preocupaciones sobre posibles consecuencias negativas para las comunidades indígenas.
En cuanto al presupuesto del INAI, se observa que en el año 2023 se destinaron $1907 millones de pesos, con la mayor parte de los fondos asignados al personal y a transferencias a instituciones provinciales y municipales, así como a instituciones culturales y sociales sin fines de lucro.
El proceso de eliminación del INAI plantea desafíos legales, ya que su existencia está respaldada por ley. Sin embargo, expertos señalan que el gobierno podría optar por reducir su estructura y dejar vacantes los cargos, en lugar de disolverlo oficialmente.
El debate sobre el futuro del INAI y otros organismos descentralizados continúa, con opiniones encontradas sobre los posibles impactos de estas medidas en la atención y apoyo a comunidades vulnerables en el país.
