Las dificultades para afrontar el pago de préstamos y financiamientos también se hacen sentir en las provincias del Norte argentino. Según datos difundidos por la consultora 1816 en base a información de la Central de Deudores del Banco Central, la morosidad de los créditos otorgados a las familias alcanzó el 12% en abril, el nivel más alto registrado en más de dos décadas, reflejando una situación que impacta en los hogares de todo el país, incluida la región NOA.
El informe señala que 5,3 millones de personas tienen al menos un crédito en situación irregular, es decir, con pagos atrasados por más de 90 días. En provincias como Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca, donde muchas familias dependen de ingresos vinculados al comercio, servicios y economías regionales, el encarecimiento del crédito y la pérdida de capacidad de pago generan preocupación entre consumidores y entidades financieras.
La morosidad en los hogares acumula 18 meses consecutivos de crecimiento, una tendencia que se profundizó pese a la recuperación de algunos indicadores económicos. Además, los incumplimientos también aumentaron en entidades no financieras, donde el índice alcanzó el 31,5%, evidenciando las dificultades que enfrentan miles de familias para sostener cuotas de préstamos, tarjetas y otras obligaciones.
Especialistas advierten que el incremento de la mora podría afectar la posibilidad de acceder a financiamiento en el corto plazo. Actualmente, uno de cada cuatro argentinos que tiene algún tipo de crédito registra una deuda irregular, lo que reduce sus posibilidades de obtener nuevos préstamos. Esta situación podría sentirse especialmente en el Norte del país, donde muchas familias recurren al financiamiento para afrontar gastos de consumo, mejoras habitacionales o emprendimientos productivos.
Mientras tanto, desde el sector bancario sostienen que el deterioro de los indicadores comienza a desacelerarse y confían en una futura recuperación del crédito. Sin embargo, las altas tasas de interés y el creciente número de deudores en situación irregular mantienen encendida la alerta sobre la capacidad de pago de los hogares y el futuro del financiamiento familiar en la región.
