El Gobierno nacional anticipa la eliminación de unas 155.000 pensiones por invalidez en el marco del proyecto de Presupuesto 2026, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). El documento oficial prevé que la cantidad total de jubilados y pensionados pase de 9,15 millones en 2025 a 9,01 millones en 2026, lo que representa una reducción del 1,5% principalmente atribuida a la baja en las pensiones por discapacidad.
De acuerdo con el informe, el gasto destinado a estas prestaciones sería de $4 billones el próximo año, lo que implicaría una disminución real del 10,6%. Además, el peso del rubro dentro del Producto Bruto Interno caería de 0,5% a 0,4%. Desde el Gobierno explicaron que la medida forma parte de una política de auditoría y revisión del padrón de beneficiarios, a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con el objetivo de “ordenar el sistema y eliminar pensiones irregulares”.
Sin embargo, la decisión genera preocupación en organizaciones de personas con discapacidad y en sectores sociales que advierten sobre el posible impacto humano y económico de la medida. En los últimos meses, ANDIS fue cuestionada por presuntas irregularidades en la entrega de beneficios y su ex titular, Diego Spagnuolo, fue desplazado tras una denuncia por cobro de coimas. A su vez, una medida judicial reciente ordenó restituir más de 119.000 pensiones suspendidas, lo que podría frenar la aplicación del recorte.
El anuncio se produce en un contexto de ajuste fiscal y revisión del gasto público, donde el Gobierno busca reducir subsidios y transferencias sociales para alcanzar el equilibrio de las cuentas. Aunque la iniciativa apunta a “mejorar la focalización y transparencia del sistema”, organizaciones civiles sostienen que el recorte podría vulnerar derechos básicos y agravar la situación de miles de personas en condición de discapacidad que dependen de esta asistencia para cubrir sus necesidades esenciales.
