La informalidad laboral en Argentina continúa escalando y se ha convertido en uno de los principales desafíos del mercado de trabajo. Según un informe reciente del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), la tasa de empleo informal alcanzó el 43,2 % durante el segundo trimestre de 2025, lo que implica que más de 4 de cada 10 trabajadores no están registrados y carecen de cobertura legal, impositiva o de seguridad social. Este nivel representa un aumento de 1,6 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2024.
El fenómeno afecta en mayor medida a ciertos grupos y sectores. Entre los asalariados, el 37,7 % no cuenta con aportes jubilatorios ni obra social, mientras que los trabajadores por cuenta propia alcanzan una informalidad del 62,5 %. Además, los jóvenes de entre 16 y 24 años son los más golpeados, con tasas cercanas al 63 %, muy por encima del promedio general.
Detrás de este crecimiento estructural de la informalidad hay múltiples factores: especialistas señalan que la persistente incertidumbre jurídica, los elevados costos de formalización para empleadores y la proliferación de trabajos precarios y temporales han empujado a cientos de miles de trabajadores fuera del empleo formal. El fenómeno no solo implica falta de acceso a derechos básicos, sino que también está vinculado a la precarización de ingresos y a mayores niveles de pobreza entre quienes trabajan sin registro.
El debate sobre cómo revertir esta tendencia se ha intensificado, ya que mientras el Gobierno propone una reforma laboral para incentivar la formalización, sindicatos y organizaciones sociales advierten que sin políticas de protección robustas y estímulos al empleo digno, el mercado laboral argentino seguirá fragmentado y con altas tasas de precariedad
