El oficialismo consiguió avanzar con un dictamen en el Senado para modificar la normativa vigente. La iniciativa plantea cambios en las internaciones involuntarias, el tratamiento de las adicciones y el seguimiento de los pacientes, aunque persisten diferencias por el financiamiento.
El Gobierno nacional avanzó con la reforma de la Ley de Salud Mental N.º 26.657, luego de alcanzar acuerdos con bloques aliados en el Senado. Durante una reunión de las comisiones de Salud y Legislación General, realizada el jueves 15 de octubre, se puso a la firma el dictamen que incorpora modificaciones al proyecto original del Poder Ejecutivo. La Libertad Avanza busca debatir la iniciativa en el recinto el próximo jueves 22 de octubre, aunque todavía existen cuestionamientos sobre los recursos necesarios para implementar los cambios.
Cambios en las internaciones y el tratamiento de adicciones
Uno de los principales puntos de la reforma es la modificación de los criterios para las internaciones involuntarias. El proyecto establece que, ante situaciones de riesgo grave para la vida o la integridad física del paciente o de terceros, un médico podrá disponer una internación de urgencia, sin necesidad de que sea especialista en psiquiatría. La decisión deberá ser evaluada por un equipo interdisciplinario dentro de las 48 horas y estará sujeta a mecanismos de control judicial. También se contempla la posibilidad de realizar teleconsultas con especialistas.
La propuesta busca ampliar el abordaje de las adicciones e incluir expresamente la ludopatía, relacionada con el juego compulsivo. Además, contempla dispositivos de atención diferenciados para niños y adolescentes, con equipos especializados y espacios separados de los destinados a adultos. Entre las modificaciones también se incluyen planes de egreso y mecanismos de seguimiento para las internaciones prolongadas, especialmente aquellas que superen los 180 días. El texto mantiene la prohibición de las prácticas manicomiales y promueve alternativas de atención ambulatoria y comunitaria.
Reclamos por el financiamiento y diferencias políticas
A pesar del acuerdo alcanzado, legisladores de distintos bloques cuestionaron la falta de precisiones presupuestarias para garantizar la aplicación de la reforma en las provincias. Los senadores Carlos Arce, de Misiones, y Mercedes Gabriela Valenzuela, de Corrientes, acompañaron el dictamen con disidencias y solicitaron incorporar garantías sobre las partidas necesarias. Por su parte, el justicialista Jorge Capitanich pidió profundizar el debate con los gobernadores y ministros de Salud, al considerar indispensable evaluar la disponibilidad de profesionales, infraestructura y recursos económicos.
Por el momento, la reforma todavía no fue aprobada por el Congreso y continúa vigente la legislación sancionada en 2010. Desde el oficialismo sostienen que las modificaciones permitirán mejorar la atención de personas con trastornos mentales graves y facilitar intervenciones ante situaciones de riesgo. Sin embargo, el debate también enfrenta cuestionamientos de sectores profesionales y legisladores que advierten sobre la necesidad de fortalecer el sistema sanitario antes de ampliar las herramientas de internación. De obtener la aprobación del Senado, el proyecto deberá continuar su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados.
