En una jornada histórica para la política exterior y económica de la Argentina, el Congreso convirtió en ley el Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, después de que el Senado aprobara el tratado con 69 votos a favor y solo 3 en contra. Con esta ratificación parlamentaria, el país se posiciona junto a Uruguay como uno de los primeros Estados miembros del bloque sudamericano en dar luz verde al pacto comercial, que resultó de más de 25 años de negociaciones y que apunta a eliminar gradualmente aranceles sobre la mayor parte del comercio bilateral. La aprobación fue celebrada por el Gobierno como un avance clave para abrir mercados y fortalecer la inserción internacional argentina.
La entrada en vigor del acuerdo depende ahora de las instancias correspondientes en la Unión Europea; pese a desafíos jurídicos planteados en Bruselas, la Comisión Europea ha anunciado planes para aplicar provisionalmente el pacto tras las ratificaciones de Uruguay y Argentina, en un contexto de presión por fortalecer relaciones comerciales en un momento de tensiones arancelarias globales. Además de generar un mercado integrado de más de 700 millones de personas, la medida es vista por sectores empresariales como una oportunidad para diversificar destinos de exportación y atraer inversiones.
Simultáneamente, en el recinto de sesiones se dio media sanción a una reforma polémica de la Ley 26.639 de Protección de Glaciares y Ambiente Periglacial, impulsada por el Poder Ejecutivo. La modificación, aprobada por 40 votos afirmativos, propone redefinir y delimitar las zonas protegidas —con especial énfasis en áreas periglaciares— para permitir actividades productivas, incluyendo aquellas vinculadas a la industria minera, bajo la argumentación oficial de despejar “interpretaciones arbitrarias” que supuestamente frenan inversiones. Críticos ambientales advirtieron que estas reformas ponen en riesgo reservas hídricas estratégicas y los ecosistemas cordilleranos.
La iniciativa sobre glaciares pasa ahora a la Cámara de Diputados para su tratamiento en el pleno del Congreso durante el actual período ordinario de sesiones. El debate ha encendido una fuerte controversia entre sectores que defienden la protección estricta de estos cuerpos de hielo y aquellos que apoyan una flexibilización normativa para potenciar el desarrollo económico. Organizaciones ambientalistas ya anticiparon movilizaciones y campañas para frenar el cambio normativo, argumentando que podría tener efectos negativos irreversibles en el acceso al agua y la biodiversidad.
