El Gobierno nacional evalúa incorporar modificaciones a las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario dentro del proyecto de Presupuesto 2027, que deberá ser enviado al Congreso antes del 15 de septiembre. La propuesta todavía no está confirmada y dependerá de los acuerdos que la Casa Rosada consiga con gobernadores y bloques aliados, con el objetivo de reducir el impacto de ambas normas sobre las cuentas públicas.
La administración de Javier Milei ya había intentado derogar estas leyes durante el tratamiento del Presupuesto 2026. Sin embargo, aunque la iniciativa fue aprobada en general por la Cámara de Diputados, el capítulo que eliminaba las normas fue rechazado por 123 votos contra 117. Las leyes habían sido vetadas previamente por el Presidente, pero el Congreso insistió con su aprobación mediante mayorías especiales.
En materia de discapacidad, el oficialismo estudia reforzar las auditorías, realizar un reempadronamiento de beneficiarios y revisar las incompatibilidades para acceder a pensiones no contributivas por invalidez laboral. También pretende modificar el esquema de financiamiento de la emergencia, que garantiza recursos para prestaciones, actualizaciones periódicas de aranceles y la regularización de deudas con instituciones y profesionales del sector.
Respecto de las universidades nacionales, el debate se concentrará en los fondos destinados a salarios, becas y gastos de funcionamiento. Durante junio, el Ejecutivo acordó una recomposición salarial del 24,33%, un incremento del 20% para gastos operativos, $50.000 millones adicionales para hospitales universitarios y una actualización de las becas Manuel Belgrano. No obstante, las autoridades universitarias consideraron que las medidas son insuficientes y mantienen el reclamo para que se aplique plenamente la Ley de Financiamiento Universitario.
