El Gobierno Argentino optó por la construcción de un alambrado de 200 metros en la frontera entre Aguas Blancas (Salta, Argentina) y Bermejo (Tarija, Bolivia), lo que generó preocupación en el país vecino. La cancillería boliviana expresó su desacuerdo, calificando la medida como unilateral y contraria a los principios de convivencia pacífica. A través de un comunicado, solicitaron que los temas fronterizos se resuelvan mediante mecanismos de diálogo bilateral para evitar conflictos entre ambos países.
El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, confirmó que la obra forma parte del «Plan Güemes», impulsado por el Ministerio de Seguridad de Argentina, con el objetivo de reforzar los controles migratorios y garantizar que quienes crucen la frontera realicen los trámites correspondientes. Según Zigarán, durante el día predominan los “bagayeros”, que transportan mercadería para el comercio, mientras que de noche se registran movimientos irregulares de personas que ingresan con bolsas de contenido desconocido.
Bolivia, por su parte, anunció que pedirá información oficial a través de canales diplomáticos y manifestó su intención de recurrir a organismos internacionales como las Naciones Unidas y la OEA para analizar posibles vulneraciones a los tratados internacionales. César Siles, ministro de Justicia boliviano, calificó la medida como contraria a los principios de convivencia pacífica y señaló que puede afectar la buena vecindad entre ambas naciones.
En respuesta, Zigarán cuestionó la colaboración de Bolivia en los controles migratorios, señalando que en ocasiones previas, como las festividades de fin de año, las autoridades bolivianas enviaron solo a un oficial migratorio, lo que generó grandes demoras. El funcionario aseguró que el alambrado busca mejorar la seguridad fronteriza y llamó a Bolivia a reforzar su compromiso en la gestión conjunta de la frontera.
