Ayer, 28 de agosto, dio inicio en la Ciudad de Buenos Aires el juicio a seis individuos acusados de cometer una violación grupal en el barrio de Palermo hace aproximadamente un año y medio. Los seis acusados enfrentarán cargos por «abuso sexual agravado» como coautores, lo que podría resultar en condenas de hasta 20 años de prisión, según informaron fuentes judiciales este fin de semana.
El juicio se lleva a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) 14 de la Capital Federal, y la primera audiencia se realizó ayer a las 9:30 horas en el edificio judicial ubicado en la calle Lavalle N°1171. El proceso se extenderá durante varias jornadas, programadas para los días 1, 4, 11, 15, 18, 25 y 29 de septiembre, y se espera la declaración de más de 30 testigos.
El TOC 14 estará conformado por los jueces Gabriel Vega, Gustavo Valle y Domingo Altieri, mientras que la acusación estará a cargo del fiscal general Fernando Klappenbach.
Debido a que se trata de un delito de instancia privada, el juicio se llevará a cabo a puertas cerradas, y aún no se ha fijado una fecha para la declaración de la víctima, que se realizará cuando esté en condiciones de hacerlo, sin la presencia de los acusados, e incluso de forma remota si es necesario.
La clave del debate en el juicio se centrará en determinar si se mantiene la acusación de «coautoría funcional» con división de roles formulada durante la instrucción por el fiscal Eduardo Rosende y el juez Marcos Fernández. Esta acusación atribuye el mismo grado de responsabilidad a los seis acusados, incluso si no todos participaron directamente en el abuso. Los abogados de la víctima sostienen que algunos fueron coautores, mientras que otros fueron partícipes necesarios.
En el proceso, se considerarán como pruebas cruciales decenas de videos de cámaras de seguridad que permitieron reconstruir las nueve horas durante las cuales la víctima estuvo en compañía de los acusados, desde su captura en un boliche hasta su rescate después de ser abusada en el interior de un automóvil.
El fiscal Rosende argumenta que hubo un plan previo y roles definidos entre los acusados para satisfacer sus deseos libidinosos, aprovechándose de la vulnerabilidad de la víctima, que no estaba en condiciones de dar su consentimiento debido a su estado de intoxicación.
