La Dirección Provincial de Vialidad avanza con la tercera etapa del corredor turístico-educativo hacia Molulo. Comunidad El Quirusiyal sostiene su existencia ancestral y la vulneración de sus derechos ante la avanzada de las máquinas. Sin embargo sus vecinos de Molulo insisten en la necesidad de la obra para mejorar su calidad de vida.
Después de varios meses la etapa final de la conexión Ruta Nacional Nº 9 con su par provincial Nº 18 y destino final Molulo fue reinstalada en la agenda pública. Una obra de notable ingeniería vial cuya traza fue diseñada para atender las necesidades de varias comunidades, ofreciendo a los viajeros un paisaje serrano de ensueño mientras deja nubes como alfombra tras superar los 3.000 MSNM al tiempo que fusiona Quebrada y Yungas en un abrazo fácilmente perceptible por la variada paleta de colores.
Pero entre semejante virtud no pudieron (literalmente) esquivar una controversia igualmente grande. La obra inicia en 2016, abriendo camino entre Huacalera y Alonso, pero recién tres años después cuando la etapa dos llegaba a su término los integrantes de El Querusiyal pondrían grito en el cielo ante el advenimiento de maquinaría pesada sobre sus tierras.
El 26/03 pasado fue la presencia del gobierno provincial encarnada en integrantes de la Dirección Provincial de Vialidad, el diputado Humberto López y un grupo de comuneros locales quienes motivaron un nuevo episodio de discordia entre los integrantes de la comunidad aborigen. El trayecto hacia la icónica escuela de Molulo que ya completó más de 40 kilómetros (tramo Huacalera – Alonso y Molulo – Alonso) propone enormes bondades en ingeniería vial atendiendo las necesidades de “esa” comunidad, pero simultáneamente amenaza con modificar el único modo de vida que más de 30 familias conocen.
A costa de iniciar un conflicto capaz de ir escalando hasta dimensiones impensadas motivó a nuestro medio a consultar al presidente de Vialidad Ing. Marcelo Jorge cuáles son los argumentos que justifican el afán de poner la maquinaria a trabajar entre humildes viviendas y animales de pastoreo en la zona:
Efectivamente el Registro de Comunidad Indígenas actualizado a 2022 no incluye mención alguna de El Querusiyal, aunque no es más que una cuestión burocrática situacional: la documentación necesaria para gestionar la personería jurídica fue presentada hace tiempo. “Chicanas políticas, malas intenciones del gobernador para hacer una obra de mala fe”, sentenció el presidente de la comunidad en conflicto Carlos Colque. Una sencilla búsqueda en el archivo de la Legislatura provincial da cuenta innegable que en 1958 al menos los diputados jujeños reconocieron su existencia en base a un decreto peronista publicado nueve años antes.
“Se menciona la finca de Querusiyal de Ana Vugliano de Pavese quien figuraba como dueña de esas tierras donde actualmente es Molulo. Perón ordenó a las provincias entregar los títulos comunitarios con escrituras gratuitas a los ocupantes y arrendatarios de estas tierras. Nunca se cumplió, más bien nos están quitando. Son las tierras donde nuestros abuelos pagaban arriendo a pesar de ser los poseedores legítimos”, explicó Colque.
El trinomio de argumentos debe completarse con la palabra de los habitantes del Valle de Molulo, principales impulsores y beneficiarios de la obra al punto que han lanzado una campaña denominada “Si al camino carretero educativo”, exhibiendo suma satisfacción ante la reanudación de los trabajos en el área tras dos años de suspensión que traerán una mejora sustancial en su calidad de vida, comercio, educación, resarciéndolos ante las “décadas de postergación y olvido”.
En un video reciente desde Chiquerito, la referente de la comunidad Quintina Colque junto a una decena de integrantes “desmintieron”, las versiones de El Querusiyal sobre: falta de consulta previa, libre e informada, la teoría de un camino pensado para las empresas mineras y acciones violentas contras sus estructuras.
A pesar de los continuos desencuentros y acusaciones cruzadas, hace no mucho tiempo la población estaba unificada. Carlos Colque explica que solo un par de años atrás vieron la injerencia de punteros políticos entre los habitantes, signo inminente de conflictos internos que terminaron por definir su separación. De allí en más iniciarían los trámites para ser reconocidos acumulando a la fecha 90 fojas de puros trámites presentados ante organismos provinciales y nacionales entre ellos un sinfín de solicitudes a la Secretaría de Pueblos Indígenas para que registren su solicitud de personería jurídica en base al Artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional.
Mientras aguardan por una invitación formal a debatir la obra, “con planos y proyecto sobre la mesa”, insisten en su buena voluntad para el desarrollo de un camino, siempre y cuando sea en el marco de Ley 24.071 y convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes.
