En la localidad de Tilcara, la Comunidad Indígena Pucará ha denunciado la intervención del municipio en un territorio que, según afirman, les pertenece y está respaldado por una carpeta técnica y resoluciones oficiales. De acuerdo con el vicepresidente de la comunidad, Desiderio Olmos, el pasado jueves se constató el avance de construcciones en el área, lo que generó sorpresa y preocupación entre los vecinos. La comunidad había planificado la construcción de un salón comunitario y una casilla turística para el desarrollo del turismo comunitario en la zona.
Según relataron los miembros de la comunidad, días previos ya se habían detectado movimientos de tierra sin información clara sobre los responsables. Tras realizar una exposición policial, descubrieron que los trabajos estaban siendo ejecutados por la municipalidad y una comparsa autorizada por el gobierno local. La comunidad expresó su descontento al no haber sido consultada previamente y solicitó la suspensión inmediata de las actividades en el área, argumentando que llevan años en posesión del terreno y pueden justificar su presencia histórica en la zona.
Los representantes de la comunidad también manifestaron su preocupación por el trato desigual que han recibido por parte de las autoridades municipales. Denuncian que, mientras a otras entidades se les permite avanzar con construcciones sin mayores exigencias, a ellos se les han impuesto requisitos estrictos como la contratación de arquitectos e ingenieros civiles. A pesar de haber cumplido con la normativa, sus proyectos fueron suspendidos, lo que, según afirman, les ha generado importantes pérdidas económicas y una sensación de discriminación.
La Comunidad Indígena Pucará desarrolla actividades agrícolas y turísticas que generan empleo para los jóvenes de la zona, incluyendo visitas guiadas, trekking y maratones. Afirman que siempre han estado abiertos a diversas actividades y que la falta de respuesta por parte del municipio deja muchas incertidumbres sobre su futuro. Además, recordaron que en conflictos anteriores, como el del parador turístico, presentaron toda la documentación requerida sin obtener una resolución favorable. La intendente Sonia Pérez, según señalaron, está al tanto de la situación y de la existencia de los documentos que avalan su derecho sobre el territorio en disputa.
