El Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, presentó una denuncia contra la jueza porteña Karina Andrade por liberar a 114 detenidos tras los incidentes ocurridos en una manifestación frente al Congreso. La denuncia, firmada por Fernando Soto, director nacional de Normativa y Relaciones con el Poder Judicial, acusa a Andrade de prevaricato, encubrimiento de sedición y omisión de deberes de funcionaria pública. El caso quedó a cargo de la jueza María Servini y el fiscal Eduardo Taiano.
Además de la denuncia penal, el Gobierno realizará una segunda presentación ante el Consejo de la Magistratura porteño, solicitando la destitución de Andrade. Según el Ministerio de Seguridad, la magistrada habría actuado de manera irregular al liberar a los detenidos sin esperar la presentación de pruebas por parte de la fiscalía. Desde el entorno de Bullrich sostienen que la jueza tomó una decisión política y que muchos de los liberados tenían antecedentes penales.
Por su parte, Andrade argumentó que no existían pruebas suficientes para mantener a los detenidos bajo arresto, ya que la fiscalía solo presentó actas policiales sin detalles precisos sobre los lugares y motivos de las detenciones. Según la jueza, su decisión se basó en los derechos constitucionales de los manifestantes, mientras que el Gobierno sostiene que se arrogó una facultad que no le correspondía.
Esta denuncia se suma a una presentación anterior del Ministerio de Seguridad contra supuestos grupos organizados responsables de los disturbios, vinculándolos a barrabravas de distintos clubes y a dirigentes políticos. En este contexto, Bullrich reafirmó su compromiso con una política de orden y seguridad, respaldada por el presidente Javier Milei.
