El Gobierno, fortalecido por el reciente respaldo electoral, impulsa nuevamente la reforma laboral en el Congreso Nacional, utilizando como base el proyecto de ley presentado por la diputada nacional Romina Diez . Bajo el título de «Ley de Promoción de Inversiones y Empleo», la iniciativa busca modernizar el régimen laboral vigente y dinamizar la economía a través de la flexibilización de contratos y la introducción de diversos beneficios fiscales. Acompañada por un amplio grupo de legisladores de distintos bloques, la propuesta retoma el debate que ya se venía gestando en espacios como el Consejo de Mayo.
El proyecto de ley introduce cambios significativos en la Ley de Contrato de Trabajo, enfocándose en la modernización laboral. Entre los ejes centrales, se destacan la redefinición del principio de irrenunciabilidad, la ampliación de las facultades del empleador para modificar las condiciones de trabajo, y una actualización en la figura de los beneficios sociales no remunerativos—detallando prestaciones como almuerzos y servicios de telefonía móvil que no integran la remuneración. Además, el texto propone la posibilidad de ampliar la jornada laboral a través de convenios colectivos, la fragmentación de vacaciones y la instrumentación electrónica de los recibos de sueldo.
Otro punto clave es la modificación en el régimen de indemnizaciones y créditos laborales. Para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), se habilita el pago de indemnizaciones en hasta doce cuotas mensuales consecutivas. En cuanto a los juicios laborales, se propone limitar los intereses para que el monto total no exceda el capital histórico actualizado por IPC más una tasa de interés pura del 3% anual. Estas medidas buscan reducir la litigiosidad y alivianar la carga financiera para las empresas, especialmente las más pequeñas.
Finalmente, la propuesta incluye un ambicioso capítulo de incentivos al empleo formal. Se crea un sistema de bonos de crédito fiscal para aquellos empleadores que generen nuevas relaciones laborales en los primeros 18 meses de vigencia de la ley. Los porcentajes de bonificación varían según el tamaño de la empresa, siendo del 100% para microempresas durante doce meses. Este beneficio se aplica siempre que la contratación signifique un incremento neto en la nómina y el trabajador no haya tenido una relación laboral formal previa reciente, buscando estimular la creación de puestos de trabajo e impulsar la formalización.
