En una sesión cargada de tensión política, la oposición logró aprobar una ley que restringe la capacidad de los Presidentes para dictar Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Sin embargo, un artículo clave fue rechazado, lo que obliga a que el proyecto regrese al Senado, donde se definirá si se aceptan las modificaciones o si se insiste con el texto original.
El resultado fue celebrado por el oficialismo, que logró demorar la definición hasta después de las elecciones legislativas, evitando así un veto presidencial en plena campaña.
Desde la Casa Rosada habían anticipado que el presidente Javier Milei vetaría la norma por considerar que “pone en riesgo la gobernabilidad”. En ese contexto, los libertarios consideraron un alivio el regreso del proyecto al Senado, ya que el trámite parlamentario se extenderá más allá del 26 de octubre.
La iniciativa modifica la ley 26.122 de 2006, impulsada durante el gobierno de Néstor Kirchner. Entre los puntos más relevantes se establece que ambas Cámaras deberán pronunciarse sobre la validez de los DNU para que sean ratificados, a diferencia del régimen actual, donde basta con el aval de una sola. Esto implica que la oposición podría bloquear decretos presidenciales con mayoría simple en cualquiera de las dos Cámaras.
Otro de los artículos más discutidos, el límite de 90 días para que el Congreso trate los DNU, fue rechazado por apenas dos votos (127 a favor contra 129 necesarios). La caída de ese artículo se debió a abstenciones y cambios de voto de legisladores de la Coalición Cívica, el PRO, el MID y la UCR, lo que permitió al oficialismo frenar un punto considerado central por la oposición.
La reforma también establece que cada decreto deberá referirse a un solo tema, evitando textos amplios como el DNU 70/23 de desregulación del Estado, que abarcó múltiples áreas y modificó más de 300 normas.
De concretarse la aprobación final, el margen de acción del Ejecutivo quedaría fuertemente limitado. En un contexto de minoría parlamentaria, Milei necesitaría acuerdos legislativos amplios para gobernar, lo que para muchos analistas podría conducir a una parálisis institucional.
