La Cámara de Diputados de la Nación aprobó durante la madrugada de este jueves 22 de octubre una nueva Ley de Discapacidad, luego de una extensa jornada de negociaciones entre el oficialismo y la oposición. El proyecto consiguió 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones, superó los dos tercios de los votos y ahora deberá ser tratado por el Senado para convertirse en ley.
La iniciativa busca reemplazar el régimen de Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia finaliza en diciembre de 2026, por un marco normativo permanente. Para alcanzar el acuerdo, La Libertad Avanza aceptó incorporar modificaciones reclamadas por distintos bloques opositores, entre ellos Unión por la Patria, el PRO y la UCR.
Qué cambios establece la nueva Ley de Discapacidad
El proyecto mantiene las pensiones no contributivas por discapacidad, su actualización por inflación y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Además, garantiza la continuidad del nomenclador de prestaciones, los aranceles unificados y la cobertura de salud a través del programa Incluir Salud.
Otro de los puntos centrales es que las personas con discapacidad podrán cobrar una pensión y mantener un empleo registrado, siempre que sus ingresos individuales no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. También se establecen mecanismos de control y auditoría, junto con garantías para evitar suspensiones arbitrarias de los beneficios.
Qué pasará con los prestadores y cuándo se aprobará
La normativa también contempla la regularización de las deudas con prestadores de servicios de discapacidad. El Gobierno deberá presentar un cronograma de pagos dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigencia de la ley y establecer mecanismos para cancelar las obligaciones pendientes. Asimismo, se incorporaron partidas presupuestarias para financiar el sistema durante 2027.
Con la media sanción de Diputados, el proyecto será debatido en el Senado, que tendrá la decisión final sobre su aprobación. Aunque recibió un amplio respaldo legislativo, todavía no está vigente como nueva ley. La discusión continuará en la Cámara alta, donde se definirá el futuro del régimen de protección y financiamiento destinado a las personas con discapacidad.
