Docentes universitarios de todo el país reclaman la inmediata aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente ratificada por el Congreso Nacional y aún sin ejecución por parte del Poder Ejecutivo. La norma garantiza recursos para el funcionamiento de las universidades públicas, la actualización salarial y la continuidad de programas de investigación y becas, pero según las asociaciones gremiales, el Gobierno no ha cumplido con su implementación efectiva, afectando gravemente la situación presupuestaria del sistema educativo superior.
Desde la CONADU Histórica y otros gremios docentes señalaron que “más de la mitad de los trabajadores universitarios están por debajo de la línea de pobreza” y que la falta de cumplimiento de la ley agrava la pérdida del poder adquisitivo. En este marco, se resolvió continuar el plan de lucha con paros, jornadas de visibilización y presentación de medidas judiciales, sumando a docentes, nodocentes y estudiantes en defensa de la universidad pública.
La Ley Nº 27.795 establece la actualización automática de fondos para gastos de funcionamiento, investigación y becas, además de la creación de un fondo especial destinado a promover el ingreso a carreras estratégicas. También contempla la reapertura de paritarias para docentes y nodocentes, lo que permitiría recomponer los salarios y garantizar condiciones dignas de trabajo en las instituciones del país.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) expresó que “no hay excusas que justifiquen que la ley no se aplique ni se ejecute tal como fue aprobada” y anunció que las universidades públicas recurrirán a la Justicia si el Ejecutivo continúa demorando su reglamentación. Además, los rectores insistieron en que los fondos previstos deben incluirse en el presupuesto nacional 2026 para asegurar la sustentabilidad del sistema universitario.
En provincias como Jujuy, donde la Universidad Nacional de Jujuy enfrenta el mismo escenario, la preocupación es creciente. La falta de recursos impacta en la calidad de la enseñanza, la investigación y las actividades de extensión. Los docentes sostienen que la defensa del financiamiento universitario es una causa colectiva, en defensa de una educación pública, gratuita y de calidad para todos los argentinos.
