El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que su país cortará todo comercio con España tras un agudo choque diplomático entre ambos gobiernos. La decisión —que Trump comunicó en una reunión en la Casa Blanca con el canciller alemán Friedrich Merz— se produce después de que Madrid se negara a permitir el uso de bases militares españolas para operaciones vinculadas a los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán. Trump calificó a España de “aliado terrible” y afirmó que ordenó al secretario del Tesoro romper todas las relaciones comerciales con el país ibérico.
La tensión entre Washington y Madrid tiene raíces en desacuerdos sobre política exterior y compromisos de defensa dentro de la OTAN. Trump criticó que España fue el único país de la alianza que rechazó comprometerse a aumentar su gasto en defensa al objetivo del 5% del PIB, y que además negó el uso de las bases de Rota y Morón para fines ofensivos relacionados con el conflicto en Oriente Medio. Aunque el presidente dijo que “podría parar todo lo relacionado con España”, no detalló los mecanismos legales específicos para implementar el embargo.
El anuncio de Trump ha generado preocupación en los sectores económicos españoles que mantienen vínculos comerciales con Estados Unidos. España exportó bienes por valor de miles de millones de euros al mercado estadounidense en 2025, y también importa productos norteamericanos en grandes volúmenes. La amenaza de un veto comercial pone en riesgo aproximadamente el 4% de las exportaciones españolas, según estimaciones oficiales, un porcentaje significativo para industrias como la alimentaria y la energética que dependen de este mercado.
La Comisión Europea reaccionó con rapidez, expresando plena solidaridad con España e instando a Washington a respetar los acuerdos comerciales existentes entre la Unión Europea y Estados Unidos. El organismo comunitario aseguró que está dispuesto a actuar para proteger los intereses europeos si se materializan amenazas unilaterales que perjudiquen el comercio transatlántico. Hasta ahora, Madrid ha defendido que cualquier revisión de las relaciones comerciales debe respetar la legalidad internacional, los acuerdos bilaterales y la autonomía de las empresas.
