En una reciente investigación judicial del Distrito Este de Texas (EE. UU.), se reveló que José Luis Espert habría recibido un pago de 200.000 dólares proveniente de un fideicomiso asociado al empresario Federico “Fred” Machado, actualmente detenido en Argentina y solicitado en extradición por cargos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero en suelo estadounidense. Estos datos surgen de registros contables manejados por la fiscalía norteamericana, que vinculan a Machado —quien estuvo procesado en EE. UU.— con maniobras de tráfico internacional de drogas.
La denuncia se agudiza en el ámbito político argentino, donde opositores y fuerzas sociales cuestionan la legitimidad del rol público de Espert. El dirigente Juan Grabois formalizó una denuncia ante la justicia federal, acusando a Espert de haber aceptado aportes ilegales vinculados al narcotráfico para su campaña. Por su parte, los legisladores de diferentes bloques han pedido la suspensión de Espert en la presidencia de la Comisión de Presupuesto del Congreso, aduciendo “inhabilidad moral sobreviniente”.
Frente a las acusaciones, Espert negó conocer los antecedentes criminales de Machado y sostuvo que los fondos habrían sido aportes políticos legítimos. No obstante, la contabilidad presentada por EE. UU. y la conexión de Machado con redes de transporte aéreo de carga sospechosa convierten el caso en una pieza clave para investigar la permeabilidad del narcotráfico en la política local.
Mientras tanto, desde el exterior, Estados Unidos sigue observando con interés estos avances judiciales. El señalamiento hecho desde Texas otorga una dimensión internacional al escándalo, que trasciende a un mero conflicto interno argentino. En ese contexto, la causa podría abrir líneas de cooperación judicial entre ambos países, no solo en lo electoral, sino también en el cruce de delitos vinculados con narcotráfico trasnacional, lavado de activos y financiamiento ilegal.
