El Gobierno nacional apeló el fallo judicial que ordenó poner en vigencia la Ley de Financiamiento Universitario, en una nueva instancia del conflicto por los recursos destinados a las casas de altos estudios. La presentación cuestiona la resolución del juez federal Martín Cormick, quien declaró inconstitucional parte del Decreto 759/2025 y dispuso que el Ejecutivo adopte las medidas necesarias para aplicar la norma aprobada por el Congreso.
Qué determinó la Justicia
La sentencia surgió a partir de los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA). El magistrado consideró que el Ejecutivo no podía condicionar la ejecución de una ley que había sido sancionada por el Congreso y ratificada luego del rechazo al veto presidencial. La normativa contempla fondos para salarios, becas estudiantiles, investigación, funcionamiento de las universidades y hospitales universitarios.
Desde el Gobierno sostienen que la aplicación de la ley implica gastos que no cuentan con partidas específicas dentro del Presupuesto vigente y argumentan que corresponde al Congreso determinar de dónde saldrán los recursos. Durante el proceso judicial, representantes del Estado estimaron que la puesta en marcha de la norma demandaría más de un billón de pesos, mientras que el fallo señaló que existen mecanismos de reasignación presupuestaria y utilización de mayores ingresos para afrontar esas erogaciones.
Las universidades preparan una nueva movilización
La disputa judicial se desarrolla en medio de nuevos reclamos de docentes, estudiantes y autoridades universitarias por salarios, becas y fondos para el funcionamiento del sistema público. Los gremios también cuestionan el cumplimiento de acuerdos salariales anteriores y advierten sobre la pérdida de poder adquisitivo del personal universitario.
En este contexto, rectores, docentes, no docentes y estudiantes preparan una movilización al Congreso para el próximo 15 de octubre. La convocatoria busca reclamar la efectiva aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y mayores recursos para las universidades nacionales. La apelación presentada por el Ejecutivo llevará ahora la discusión a una instancia judicial superior, mientras continúa abierto el conflicto por el financiamiento de la educación universitaria pública.
