El Gobierno nacional reactivó el debate interno por la reforma del Código Penal y trabaja para enviar el proyecto al Congreso en el corto plazo. La iniciativa volvió a cobrar impulso en medio de la conmoción generada por el crimen de Agostina Vega en Córdoba, un caso que reabrió el debate público sobre la seguridad y las penas previstas para determinados delitos.
La propuesta en análisis contempla un endurecimiento de las penas para delitos sexuales, modificaciones vinculadas al abuso sexual infantil y la posibilidad de ampliar los casos en los que podría aplicarse la prisión perpetua. Desde la Casa Rosada sostienen que la reforma forma parte de una agenda que ya venía siendo desarrollada, aunque reconocen que el impacto social del caso aceleró las conversaciones.
Sin embargo, la definición del texto final continúa atravesada por diferencias dentro del oficialismo. Sectores cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo afirman que el proyecto permanece demorado en el Ministerio de Justicia, mientras que desde el entorno del ministro Juan Bautista Mahiques aseguran que la iniciativa se encuentra en su etapa final de revisión y será enviada próximamente al Poder Legislativo.
La estrategia que reúne mayor consenso en el Ejecutivo es avanzar con una reforma por etapas, priorizando aquellos puntos con mayores posibilidades de obtener respaldo parlamentario. Entre los temas que integrarían la primera parte del proyecto figuran los delitos sexuales, el grooming, las estafas piramidales, las entraderas, las salideras bancarias, los robos cometidos por motochorros y diversas modalidades de delitos tecnológicos y crimen organizado.
Por otra parte, el Gobierno decidió dejar fuera de esta reforma cuestiones que podrían generar mayores controversias legislativas. Entre ellas se encuentran posibles modificaciones a la figura de femicidio y cambios en la legislación sobre aborto. Mientras continúan las negociaciones internas, el Ejecutivo mantiene como objetivo presentar una versión más acotada de la reforma, centrada en el fortalecimiento de las penas y en aspectos considerados prioritarios en materia de seguridad y política criminal.
