El Gobierno nacional oficializó la resolución 549/2026, mediante la cual crea un marco de regulación integral para los productos de nicotina, incluyendo vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina (pouches). La medida apunta a terminar con el circuito informal dominante, controlar la composición de estos productos y garantizar su trazabilidad, en un mercado que hasta ahora operaba en gran parte fuera de la ley.
La nueva normativa pone fin al sistema restrictivo vigente y establece reglas claras para ordenar la comercialización. A partir de ahora, todos los productos deberán estar registrados, declarar sus componentes y cumplir con estándares de calidad. Además, el Estado contará con herramientas para fiscalizar, sancionar y controlar la venta irregular.
Hasta el momento, dispositivos como los vapeadores estaban prohibidos por disposiciones sanitarias previas, mientras que otros productos, como los pouches, se movían en un “limbo legal” sin regulación específica. Sin embargo, pese a las restricciones, su consumo continuaba a través de canales informales, sin controles ni pago de impuestos.
Uno de los ejes centrales del nuevo esquema es que ningún producto podrá venderse sin estar registrado, lo que implicará la trazabilidad total desde su fabricación hasta su comercialización. También se fijarán límites estrictos en la concentración de nicotina y se prohibirán sustancias no autorizadas.
En ese marco, se dispuso la eliminación total de los saborizantes en vapeadores, una medida orientada a reducir el atractivo entre adolescentes, ya que estos aditivos son señalados como una de las principales puertas de entrada al consumo.
Desde el punto de vista económico, la regulación permitirá que estos productos ingresen al sistema formal y tributen impuestos, con el objetivo de debilitar el contrabando. En paralelo, el enfoque sanitario busca reducir los riesgos asociados al consumo descontrolado, especialmente en jóvenes.
Las autoridades destacaron que la iniciativa no crea un mercado nuevo, sino que intenta ordenar uno ya existente, caracterizado por la falta de controles y la expansión del consumo en sectores vulnerables.
Especialistas advierten que todos los productos con nicotina presentan riesgos, independientemente de su formato. Estudios internacionales señalan que la sustancia es una “toxina cardiovascular directa”, asociada a hipertensión, daño vascular y mayor probabilidad de enfermedades cardíacas.
Además, existe creciente preocupación por el impacto en adolescentes, ya que el consumo puede afectar el desarrollo cerebral hasta los 25 años, generando problemas de atención, memoria, impulsividad y mayor riesgo de adicción. Investigaciones recientes también vinculan estos productos con cáncer oral y pulmonar, lo que refuerza la necesidad de regulaciones más estrictas.
Con esta medida, el Gobierno busca proteger la salud pública, especialmente de los jóvenes, al tiempo que avanza en el control de un mercado que hasta ahora funcionaba mayormente en la informalidad.
