El Gobierno nacional intensificó las negociaciones con el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y distintos sectores provinciales para conseguir la aprobación de la reforma electoral en el Senado. La iniciativa, que tiene como principal objetivo suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), enfrenta dificultades por la falta de acuerdos con sus aliados. El oficialismo pretende obtener la media sanción durante las próximas dos semanas, antes de que finalice el período de sesiones ordinarias del Congreso.
La suspensión de las PASO divide a los aliados
Para modificar la legislación electoral, La Libertad Avanza necesita alcanzar una mayoría absoluta de 37 senadores, pero actualmente cuenta con 21 legisladores propios. En consecuencia, los diez representantes de la UCR, los tres del PRO y los integrantes de bloques provinciales resultan fundamentales para completar los votos. Sin embargo, las diferencias sobre el futuro de las primarias mantienen abiertas las conversaciones, ya que algunos sectores aliados proponen conservar un sistema de internas optativas en lugar de suspender las elecciones.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabeza las gestiones políticas para destrabar el proyecto y tiene previsto mantener nuevos encuentros con representantes del PRO y gobernadores radicales. Mientras tanto, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado fue convocada para el martes 17 de noviembre, con el propósito de avanzar en un dictamen que permita llevar la iniciativa al recinto durante la última semana del mes.
Carlos Sadir participa de las negociaciones con los gobernadores radicales
La discusión también involucra a Jujuy, debido a que el gobernador Carlos Sadir integra el grupo de mandatarios radicales con los que el Ejecutivo nacional busca alcanzar acuerdos. Junto a Alfredo Cornejo, Juan Pablo Valdés, Maximiliano Pullaro y Leandro Zdero, participa de las conversaciones vinculadas con la representación parlamentaria de las provincias y la conformación de alianzas para las elecciones de 2027. Entre las alternativas analizadas figura la posibilidad de incorporar listas colectoras, aunque todavía existen diferencias sobre su implementación.
El calendario electoral representa otro factor de presión para el oficialismo, que pretende resolver las modificaciones antes de finalizar 2026. La Cámara Nacional Electoral advirtió sobre la importancia de definir las reglas con anticipación, especialmente por tratarse de un año previo a elecciones presidenciales. Si las negociaciones no prosperan durante noviembre, el tratamiento podría trasladarse a diciembre, mientras continúa la incertidumbre sobre el sistema que se utilizará en los comicios nacionales de 2027.
