El Gobierno nacional llevará ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal la última intimación judicial que le exige avanzar con el financiamiento universitario. La Casa Rosada cuestionará la resolución del juez Martín Cormick, que le dio un plazo de cinco días para acreditar el cumplimiento de la medida cautelar vinculada con salarios y becas.
El magistrado consideró que el Estado no demostró haber cumplido de manera total con la cautelar vigente y advirtió que, si persiste la demora, podrían aplicarse multas económicas por cada día de incumplimiento. La orden alcanza específicamente a los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, vinculados con la actualización de los salarios docentes y no docentes y la recomposición de los programas de becas estudiantiles.
Desde el Ejecutivo, en cambio, sostienen que ya realizaron las medidas necesarias para cumplir con la resolución judicial y buscarán que la Cámara revise la intimación. Además, todavía resta definir si la presentación oficial incluirá un pedido para que la apelación tenga efecto suspensivo mientras se resuelve el planteo.
La disputa judicial se arrastra desde fines de 2025. La Cámara ya había confirmado la cautelar a favor de las universidades y, el 25 de junio de 2026, la Corte Suprema rechazó un recurso extraordinario presentado por el Gobierno, por considerar que no estaba dirigido contra una sentencia definitiva. De esa manera, quedó firme la cautelar, aunque el máximo tribunal no se pronunció sobre el fondo de la controversia.
El conflicto se desarrolla además en medio de la discusión del Presupuesto 2027. El proyecto enviado por el Ejecutivo contempla unos $7,3 billones para las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional reclama alrededor de $11 billones. En paralelo, continúan las diferencias entre el Gobierno, los rectores y los gremios respecto del nivel de recomposición salarial y de los recursos necesarios para el sistema universitario.
