El Ministerio de Seguridad Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones aprobaron el nuevo “Protocolo para la Detección Temprana de Situaciones de Trata de Personas en Pasos Fronterizos”, que será de aplicación obligatoria para las Fuerzas Federales de Seguridad que actúen como Policía Auxiliar Migratoria y para los agentes migratorios.
La norma, publicada en el Boletín Oficial, actualiza el instrumento vigente desde 2012 e incorpora procedimientos estandarizados, pautas de actuación y herramientas para identificar posibles víctimas y tratantes en el ingreso y egreso del territorio argentino.
Un delito transnacional y de grave impacto en los derechos humanos
Según la resolución conjunta, la actualización responde a cambios en las dinámicas y modalidades de la trata de personas, delito que la legislación nacional considera una grave violación a los derechos humanos y un fenómeno delictivo complejo, organizado y de alcance transnacional.
El documento subraya que los pasos fronterizos —terrestres, fluviales, marítimos o aéreos— son puntos estratégicos para prevenir, detectar e investigar este delito, tanto en su fase de captación o traslado como en la de explotación de las víctimas.
El protocolo fue elaborado junto con la Organización Internacional para las Migraciones en el marco del Programa Eurofront, y fija criterios comunes para Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal Argentina. Entre sus objetivos, se destacan el fortalecimiento de las capacidades operativas, la coordinación interinstitucional y un enfoque basado en derechos humanos para asistir y proteger a las personas afectadas.
Clasificación de pasos fronterizos y aspectos legales
La norma incluye la clasificación de los 237 pasos habilitados en el país —95 terrestres, 103 marítimos o fluviales y 39 aéreos—, advirtiendo que en todos ellos es posible detectar casos de trata. Los de alto tránsito y control integrado concentran la mayor circulación, mientras que los de menor movimiento o ubicación remota pueden ser usados esporádicamente para actividades ilegales.
En materia legal, el texto repasa la definición de trata de personas del Protocolo de Palermo, incorporada a la legislación argentina mediante las leyes 26.364 y 26.842, que tipifican como delito el ofrecimiento, captación, traslado, recepción o acogida con fines de explotación. Las penas van de cuatro a quince años de prisión, con agravantes en casos de funcionarios públicos, víctimas menores de edad o participación de varias personas.
También diferencia este delito del tráfico ilícito de migrantes, definido en la Ley 25.871, que implica cruce irregular de fronteras con fines lucrativos y que, aunque puede compartir rutas y métodos con la trata, no necesariamente implica explotación.
Procedimientos y garantías para las víctimas
El protocolo describe las etapas del delito, desde el ofrecimiento y captación hasta el traslado y acogida, con mecanismos de sometimiento como endeudamiento inducido, aislamiento social, retención de documentos y amenazas. Estas señales pueden detectarse mediante observación, análisis de documentos y entrevistas en los controles fronterizos.
Las pautas de intervención adoptan enfoques de derechos humanos, género, niñez y no revictimización, y prohíben sancionar o devolver a las víctimas a lugares donde su vida o seguridad corran riesgo.
Además, se instruye a mantener guías actualizadas, realizar capacitaciones periódicas y conformar mesas de trabajo para monitorear la implementación de la norma.
