El gobierno argentino ha reiterado su solicitud a la jueza Loretta Preska de suspender el fallo que lo obliga a entregar las acciones de YPF como parte de pago de una sentencia multimillonaria. En un escrito presentado este martes, los abogados del Estado nacional respondieron a la oposición de los fondos beneficiarios de la sentencia, quienes rechazaron la solicitud de suspensión. La defensa argentina argumenta que cumplir con el fallo forzaría al país a violar sus propias leyes, perder el control sobre YPF y potencialmente afectar a terceros, incluyendo provincias y tenedores de bonos soberanos.
Los documentos presentados por Argentina subrayan que la disputa por la expropiación de YPF, con un fallo de $16.100 millones aún apelado, no es una «disputa comercial ordinaria» sino un asunto sin precedentes que resultaría en un escenario complejo e irreversible. La suspensión del fallo, según el gobierno, no perjudicaría a los demandantes, ya que la legislación argentina impide la venta de acciones de YPF sin aprobación legislativa. Además, se enfatiza que la entrega inmediata de las acciones podría activar cláusulas contractuales adversas para YPF y afectar a terceros no directamente involucrados, haciendo hincapié en la importancia de mantener el statu quo en favor del interés público.
El pedido de suspensión también abarca el fallo a favor de Bainbridge, por $95 millones, argumentando que la transferencia de acciones de YPF en este caso violaría la Ley N° 26.741 y que no existe jurisprudencia que avale esta disputa, lo que abre la posibilidad de un enfoque diferente en un tribunal de apelación. El gobierno argentino, que ya presentó una apelación ante la Cámara de Nueva York por la condena principal en enero de 2024, se encuentra próximo a elevar una segunda apelación para suspender la transferencia de acciones, buscando ganar tiempo y proteger sus activos estratégicos.
Este litigio se remonta a la expropiación de YPF en 2012, por la cual la jueza Preska condenó a Argentina en septiembre de 2023 a pagar más de $16.000 millones (ahora ascendiendo a $17.750 millones con intereses). La sentencia beneficia a los ex accionistas minoritarios de la petrolera, argumentando que el gobierno de Cristina Kirchner no cumplió con el estatuto de YPF al nacionalizar la participación de Repsol sin ofrecer una operación similar al resto de los accionistas. La demora en el pago ha llevado a los demandantes a buscar la entrega de las acciones de YPF en manos del Estado, una medida que ahora el gobierno busca fervientemente evitar.
