El Gobierno nacional resolvió que la Unidad de Información Financiera (UIF) deje de actuar como parte querellante en causas vinculadas a corrupción, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Según el Decreto 274/2025, publicado en el Boletín Oficial, la decisión busca preservar la autonomía del organismo y reducir gastos, ya que su intervención se superponía con las funciones del Ministerio Público Fiscal (MPF).
La medida, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, deroga el Decreto 2226 de 2008, que habilitaba a la UIF a actuar judicialmente. El Gobierno sostuvo que esta facultad constituye “un caso aislado” en el ámbito internacional y podría afectar la independencia operativa del organismo.
Además, se indicó que el actual esquema generaba una duplicación de tareas entre la UIF y el MPF, lo que implicaba un gasto innecesario de recursos humanos y económicos. En adelante, la UIF se concentrará en tareas de análisis, intercambio de información y colaboración con otros entes estatales, sin intervenir directamente en los procesos judiciales.
El Ejecutivo también anunció la creación de un Comité de Ciberseguridad, que funcionará bajo la órbita de la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC). Este nuevo órgano tendrá como objetivo diseñar la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, en línea con la intención oficial de optimizar los recursos estatales y reforzar la seguridad digital.
