A través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno, liderado por Javier Milei, anunció este lunes la declaración de emergencia en el sector energético, implementando medidas que afectan a la generación, transporte y distribución de energía eléctrica, así como al transporte y distribución de gas natural bajo jurisdicción federal.
El decreto, identificado como 55/2023, establece que la emergencia en el Sector Energético Nacional y las acciones resultantes tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024. Entre las disposiciones clave, se instruye a la Secretaría de Energía de la Nación a establecer mecanismos para la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, manteniendo niveles de ingresos y cubriendo las necesidades de inversión.
Asimismo, se ordena la revisión tarifaria con una fecha límite de aplicación que no exceda el 31 de diciembre de 2024. El documento también contempla la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) a partir del 1° de enero de 2024 hasta la designación de nuevos miembros del Directorio, cuyo proceso de selección debe ser iniciado por la Secretaría de Energía en un plazo de 180 días.
Los interventores designados deberán informar sobre procesos de renegociación y realizar revisiones tarifarias, pudiendo aprobar ajustes transitorios y periódicos. Además, se propone la participación ciudadana en el proceso de adecuación tarifaria transitoria.
En los considerandos del decreto, se destaca que durante la vigencia de las leyes de emergencia, las normas en los marcos regulatorios del gas y la electricidad no se cumplieron completamente, lo que llevó a la ausencia de un esquema tarifario eficiente y racional. Se señala la obsolescencia de activos, la falta de adaptación a la demanda actual y futura, y los problemas derivados de la falta de renovación y expansión de las redes.
El Gobierno argumenta la necesidad de encauzar la prestación de los servicios públicos bajo la plena vigencia de los marcos regulatorios y los contratos suscritos. El decreto entró en vigencia inmediatamente tras su publicación en el Boletín Oficial.
