El Gobierno puso en marcha la privatización de centrales hidroeléctricas

El Gobierno puso en marcha la privatización de centrales hidroeléctricas
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El Poder Ejecutivo Nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, oficializó el inicio del proceso de privatización de cuatro emblemáticas centrales hidroeléctricas ubicadas en la Patagonia: Alicurá, El Chocón–Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila

Detalles clave del anuncio

  • La medida fue formalizada mediante el Decreto 564/2025, publicado en el Boletín Oficial. Este decreto autoriza el llamado a un concurso público nacional e internacional, sin precio base, para la venta del paquete accionario mayoritario de las sociedades que administran estas represas

  • Se establece un plazo de 60 días para el lanzamiento de la licitación

  • Las empresas actualmente a cargo —AES Argentina, Enel, Orazul Energy y Central Puerto— podrán continuar operando los complejos hasta el 31 de diciembre de 2025, siempre que remitan una “Carta de Adhesión” en los próximos cinco días; en caso contrario, deberán garantizar suministro eléctrico por al menos 90 días

Contexto y proyecciones

Estas centrales representan entre el 10 % y el 15 % de la generación eléctrica del país y son consideradas clave por su aporte al sistema energético nacional. El gobierno espera reunir entre 400 y 500 millones de dólares con la venta, fondos que se destinarían a reforzar las reservas del Banco Central

La concesión privada propuesta será por 30 años, bajo una modalidad de regulación estatal con obligaciones ambientales, operativas y de seguridad, además de un canon sobre el uso del agua pagadero a las provincias involucradas

Reacciones y desafíos

Expertos en energía y organismos provinciales han alertado sobre los riesgos para la soberanía energética y el posible aumento de tarifas eléctricas si el control del recurso pasa a manos privadas

Por su parte, empresas concesionarias y provincias como Neuquén y Río Negro han tenido un rol activo en negociar condiciones: consiguieron que se les reconozca un canon del 1 % sobre el uso del agua y exigencias de control y garantías frente al nuevo esquema de gestión

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