En el marco del debate sobre la inseguridad en Argentina, el Gobierno nacional avanza con un proyecto para reformar el Código Penal con el objetivo de endurecer los procesos judiciales y aumentar las penas. La iniciativa busca que el sistema penal sea «más punitivo» y plantea cambios significativos en la duración y aplicación de las condenas. Entre las modificaciones, se propone que la prisión perpetua sea de efectivo cumplimiento, sin posibilidad de reducciones ni beneficios.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la reforma de los artículos 119 y 120 del Código Penal, que regulan los delitos contra la integridad sexual. Actualmente, la normativa establece penas de entre 8 y 20 años de prisión, con agravantes en caso de vínculo con la víctima. La nueva propuesta busca imponer penas más severas, argumentando que “un violador tiene que pasar toda su vida en la cárcel porque no tiene reinserción social”. Además, se pretende modificar el artículo 13, eliminando la posibilidad de que los condenados a prisión perpetua puedan solicitar la libertad condicional luego de 35 años.
Otra de las reformas propuestas por la administración de Javier Milei es la eliminación de la figura del femicidio. Desde el Gobierno sostienen que las penas deben ser equivalentes para hombres y mujeres, por lo que plantean suprimir esta categoría del Código Penal. El presidente Milei había manifestado anteriormente su desacuerdo con la diferenciación de penas según el género de la víctima, argumentando que debe existir “igualdad ante la ley”.
El proyecto también contempla el aumento de penas en diversos delitos, incluyendo la corrupción de funcionarios públicos, que pasaría a tener sanciones de entre 5 y 15 años de prisión. Asimismo, se propone la incorporación del crimen organizado como una figura penal específica y la implementación de cárceles privadas. Con estas medidas, el Gobierno busca endurecer el castigo a los delincuentes y reducir la reincidencia en el sistema penitenciario.
