El Gobierno argentino ha tomado la decisión de desarticular y reformular el Plan Potenciar Trabajo, un programa destinado a personas en situación de vulnerabilidad. Esta medida, que impacta a aproximadamente 1.200.000 de beneficiarios, fue anunciada a través de un decreto firmado por el funcionario Javier Milei y publicado en la medianoche del miércoles.
El Plan Potenciar Trabajo, establecido en 2020 bajo el Ministerio de Desarrollo Social, constaba de dos componentes principales: el Salario Social Complementario, una ayuda económica destinada a mejorar los ingresos de individuos en situación de alta vulnerabilidad, y el respaldo a proyectos socio-productivos, laborales y comunitarios.
Sin embargo, se ha argumentado que el plan presentaba deficiencias significativas. Según declaraciones de fuentes gubernamentales, solo el 1,3% de los beneficiarios lograron salir del programa debido a la obtención de empleo, mientras que la mayoría de las bajas fueron por incompatibilidades o por alcanzar el límite de edad.
Por ello, se ha avanzado en una reestructuración que se presenta como un cambio de paradigma en las políticas públicas. Para llevar a cabo esta transformación, se utilizó el cruce de datos del Estado para segmentar a los beneficiarios en dos grupos: «Volver al Trabajo», que comprenderá a aproximadamente un millón de personas, y el «Programa de Acompañamiento Social», que beneficiará a alrededor de 200.000 individuos.
El primero de estos programas estará bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, mientras que el segundo estará a cargo del área de Niñez y Familia. Esta segmentación busca, según funcionarios del Gobierno, adaptar las políticas públicas a las diversas realidades de los ciudadanos y promover la inserción laboral.
Una de las críticas principales al Plan Potenciar Trabajo fue dirigida hacia las Unidades de Gestión, encargadas de coordinar y administrar las prestaciones y proyectos del programa. Estas unidades, en su mayoría manejadas por movimientos sociales, también eran responsables de fiscalizar la contraprestación de los beneficiarios.
La decisión del Gobierno de disolver estas unidades ha sido interpretada como un intento de eliminar intermediarios y focalizar los recursos directamente en los beneficiarios. Según fuentes oficiales, esta medida busca romper con un «círculo cerrado de gestión y control» que no promovía adecuadamente la integración socio-laboral de los beneficiarios.
