Tras las dificultades que atravesó para conseguir apoyos con la Ley de Propiedad Privada, el Gobierno nacional decidió reformular su estrategia legislativa y dividir el amplio paquete de desregulación en proyectos sectoriales. La Casa Rosada descartó, por el momento, enviar todas las modificaciones en una única iniciativa y buscará negociar cada reforma de manera independiente.
Las reformas que tendrán prioridad
La primera etapa estará concentrada en los proyectos que el Ejecutivo ya considera centrales para su agenda. Entre ellos aparecen la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, Inocencia Fiscal, Propiedad Privada, la reforma electoral y el denominado Super-RIGI. La intención es cerrar primero estas discusiones antes de sumar nuevos frentes de negociación con gobernadores y bloques dialoguistas.
En una segunda instancia avanzarían el “grillete fiscal”, el Presupuesto 2027 y las reformas de seguros, mercado inmobiliario y mercado de capitales. Dentro de ese grupo, Javier Milei considera prioritaria la modificación del mercado asegurador, que apunta a dar mayor libertad a las compañías para diseñar productos y limitar la intervención del organismo regulador principalmente al control de solvencia y prevención de fraudes.
Un paquete de 144 páginas que será dividido
El borrador elaborado por el área que conduce Federico Sturzenegger tiene 144 páginas e incluye cambios en sectores como farmacias, libros, traducciones públicas, actividades agropecuarias, cabotaje, seguros e instrumentos financieros. Sin embargo, el Gobierno evaluó que reunir todas esas modificaciones en una sola ley podía provocar que el rechazo de determinados sectores terminara bloqueando reformas con mayores posibilidades de aprobación.
La nueva estrategia cobró fuerza después de que el oficialismo tuviera que retirar del proyecto de Propiedad Privada el capítulo que modificaba el régimen de tierras rurales, ante la falta de respaldo de gobernadores y legisladores aliados. Desde el Ejecutivo aseguran que el programa de desregulación no fue abandonado, sino que será enviado al Congreso de manera gradual y sujeto a la viabilidad política de cada iniciativa.
