En concordancia con las medidas anunciadas por el gobierno encabezado por Javier Milei, se suspendieron los Créditos ANSES, afectando a jubilados, pensionados, personas de bajos recursos y trabajadores en relación de dependencia. La medida, justificada como una medida para «resguardar la rentabilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)», ha generado fuertes críticas.
La suspensión de estos beneficios, publicada en el Boletín Oficial, es la primera resolución emitida por la Administradora Nacional de Seguridad Social (ANSES), firmada por Heber Rubén Farfan, subdirector ejecutivo de operación del FGS. Esta medida se enmarca en la supuesta «emergencia pública en materia económica» declarada en el controvertido DNU 70/2023.
El argumento de la administración Milei señala la dificultad para ponderar el índice inflacionario y la tasa de interés en los próximos meses, justificando la suspensión como una «medida preventiva en resguardo de la rentabilidad del fondo». Sin embargo, críticos sostienen que la verdadera amenaza para el FGS es la disolución anunciada por el Ministerio de Economía.
El FGS experimentó un aumento significativo entre 2019 y 2023, alcanzando su máximo valor histórico de 76 mil millones de dólares en noviembre de 2023. La resolución de la administración Milei, en contraste, presenta una serie de adjetivos negativos y advertencias tremendistas sobre la situación económica del país, sin abordar las medidas de ajuste implementadas.
La eliminación de los Créditos Anses se justifica alegando la «enorme gravedad social», haciendo referencia a altos índices de pobreza e indigencia, así como al deterioro de salarios reales, ayudas sociales y haberes previsionales.
La medida ha desencadenado un debate sobre la verdadera urgencia de la «emergencia sin precedentes» alegada por el gobierno, cuestionando la fundamentación histórica de dicha afirmación.
