El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, vetó en su totalidad la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica (Proyecto de Ley Nº 27.796), sancionada por el Congreso el 22 de agosto de 2025. La medida fue oficializada mediante el Decreto 651/2025, publicado en el Boletín Oficial, devolviendo el proyecto al Congreso.
La iniciativa buscaba declarar un año de emergencia sanitaria en pediatría y residencias médicas nacionales, con varios objetivos concretos: recomponer salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende población pediátrica; asignar insumos críticos, medicamentos, vacunas y equipamiento; mantener el Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan como centro de referencia nacional de alta complejidad; eximir del impuesto a las Ganancias al personal que realice funciones críticas, guardias o horas extras; y facultar al Ejecutivo para reasignar partidas presupuestarias y ampliar recursos en el marco del Ministerio de Salud.
En los fundamentos del veto, el Gobierno argumenta que la ley “carece de un financiamiento genuino”, tiene una redacción ambigua que podría generar arbitrariedad, distorsiona las relaciones salariales en el sistema de salud, erosiona la coparticipación federal y compromete la estabilidad presupuestaria de la Nación y de las provincias. También alertó que la exención propuesta del impuesto a las Ganancias implicaría una pérdida significativa de recursos para el Estado.
La decisión generó un fuerte rechazo por parte de los trabajadores del Hospital Garrahan y de otros sectores de salud pública. Desde ATE Garrahan anunciaron un paro que irá desde el viernes hasta el domingo, y se convocan movilizaciones con la universidad para expresar el respaldo al proyecto y manifestar oposición a los vetos presidenciales. El veto también se da en un contexto de otras leyes impulsadas por la oposición —como el financiamiento universitario— que también fueron rechazadas por el Ejecutivo bajo argumentos similares.
