El Gobierno nacional puso en marcha una estrategia política integral para avanzar con la aprobación de la reforma laboral, encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto al ministro del Interior, Diego Santilli, y los presidentes de los bloques oficialistas, Patricia Bullrich en el Senado y Martín Menem en Diputados. La iniciativa forma parte de un paquete más amplio que también incluye la modernización de leyes clave y eventuales cambios al Código Penal.
Dentro de esa agenda, el oficialismo prioriza tres ejes: la reforma laboral, las modificaciones a la Ley de Glaciares y la actualización del Código Penal, aunque este último proyecto aún no fue enviado al Congreso. En ese marco, la vicepresidenta Victoria Villarruel reclamó endurecer las sanciones contra quienes provoquen incendios, y pidió penas de cárcel efectiva para los responsables.
En relación con la reforma laboral, Patricia Bullrich mantiene contactos permanentes con los senadores de su bancada y desplegó una intensa actividad política el último fin de semana en Mar del Plata, donde defendió los cambios ante empresarios y pymes. Allí aseguró que el oficialismo está dispuesto a aceptar modificaciones, siempre que no desvirtúen el espíritu de la ley, y abrió la puerta a un diálogo con la CGT si presenta propuestas concretas.
Paralelamente, Diego Santilli avanza en negociaciones con los gobernadores con el objetivo de sumar voluntades en el Senado. Ya se reunió con Ignacio Torres y Leandro Zdero, postergó un encuentro con Sergio Ziliotto por razones climáticas y tiene previsto verse con Alfredo Cornejo en Mendoza. La meta del Gobierno es alcanzar los 37 senadores necesarios para lograr quórum y habilitar el debate, al tiempo que se discuten demandas y objeciones de las provincias.
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es el artículo 191, que introduce cambios en el Impuesto a las Ganancias a partir de 2026. Según el IARAF, estas modificaciones implicarían una pérdida de 1,2 billones de pesos anuales para las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y de 790 mil millones para la Nación, equivalente al 0,22% del PBI. En paralelo, este viernes comienzan las reuniones técnicas entre el oficialismo, empresarios y la CGT, donde cámaras como CADAM reclamarán la eliminación de costos laborales que aún no fueron contemplados en la iniciativa.
