El Poder Ejecutivo nacional reglamentó un capítulo clave de la reforma laboral mediante el Decreto 315/2026, oficializado en el Boletín Oficial tras un fallo judicial que habilitó avanzar con la implementación de la norma. La medida lleva la firma del presidente Javier Milei junto a miembros de su gabinete, y representa un paso central en la puesta en marcha de la denominada Ley de Modernización Laboral.
El eje de la reglamentación es la creación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), un esquema que apunta a reducir la informalidad en el empleo. Este sistema establece beneficios para los empleadores que incorporen trabajadores no registrados, con el objetivo de ampliar el trabajo formal y dinamizar el mercado laboral.
Entre los principales puntos, se destaca la reducción de las contribuciones patronales durante un período de hasta 48 meses por cada nuevo trabajador registrado. Este alivio fiscal busca disminuir los costos laborales e incentivar nuevas contrataciones, incluyendo la incorporación de monotributistas, beneficiarios de planes sociales y personas fuera del sistema formal.
La reglamentación se da en un contexto de avances y controversias judiciales en torno a la reforma laboral, que había tenido artículos suspendidos previamente. Con esta medida, el Gobierno avanza en la implementación de uno de los capítulos considerados más relevantes, centrado en fomentar el empleo registrado y reconfigurar el sistema laboral argentino.
