La Municipalidad de Libertador General San Martín anunció que, a partir del 17 de febrero, los contribuyentes podrán abonar de forma anticipada y con descuentos la Tasa GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos). Este anuncio generó controversia entre los vecinos y sectores políticos que cuestionan la legalidad y aplicabilidad de dicho tributo.
La concejal opositora Patricia Gutiérrez criticó la medida, calificándola de inconstitucional e inaplicable. En declaraciones a Radio 2, Gutiérrez señaló que la tasa estaba diseñada para ser cobrada a través de EJESA, la empresa distribuidora de energía eléctrica, basándose en el consumo de kilovatios, lo que considera inconstitucional. Además, mencionó que la ordenanza establece que el impuesto se cobrará inicialmente y luego se descontará, lo que, según ella, es inviable.
La edil también destacó problemas específicos en la aplicación de la tasa, mencionando el caso de un barrio con 1.000 viviendas de la empresa Ledesma, donde la ordenanza indica que se cobrará en base a la propiedad más grande, sin una investigación adecuada. Gutiérrez enfatizó que la tasa no puede aplicarse en su forma actual y que es necesario derogarla y redactar una nueva ordenanza que contemple las particularidades del municipio.
En diciembre pasado, el municipio de San Pedro derogó la Tasa GIRSU tras el rechazo de la comunidad, sentando un precedente en la provincia. A pesar de ello, Libertador General San Martín decidió avanzar con el cobro del tributo, generando descontento entre los vecinos y llamados a una revisión urgente de la medida.
