La administración del presidente Javier Milei ha dado un paso decisivo en la reforma del sistema de salud argentino con la reglamentación del DNU 70/23, que desregula las obras sociales y promueve la libre competencia en el sector.
Según fuentes de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el proceso de cambio impactará en más de 14.000.000 de trabajadores, incluyendo a aquellos en relación de dependencia tanto en el sector público como privado, sindicalizados, monotributistas, empleadas domésticas y los 5.000.000 de personas en el sistema general de salud.
Una de las principales modificaciones es la libertad de elección para los beneficiarios, quienes podrán optar entre obras sociales y prepagas, eliminando así la obligatoriedad de permanecer un año en la obra social de su actividad al cambiar de empleo. Además, podrán elegir una obra social o prepaga al comenzar un nuevo trabajo sin intermediación y ejercer su derecho de libre elección una vez al año.
En términos de financiamiento, las empresas de medicina prepaga estarán obligadas a aportar al Fondo Solidario de Redistribución por el total de la cuota que reciben, lo que representa un cambio significativo en el flujo de recursos en el sistema de salud.
La SSS supervisará los aportes y contribuciones, garantizando que el dinero circule efectivamente entre las prepagas, obras sociales y beneficiarios. Se espera que esta medida contribuya a evitar el estancamiento de fondos en entidades vacías y asegure que los recursos lleguen a donde más se necesitan.
En paralelo, se establece un Registro Nacional de agentes del Seguro (RENA) para garantizar la transparencia y la calidad de las prestaciones de salud. Las entidades inscritas en el RENA deberán cumplir con el Programa Médico Obligatorio (PMO) y destinar sus recursos prioritariamente a estas prestaciones.
Es importante destacar que estas reformas no interfieren en los contratos entre las partes, preservando la autonomía de las prepagas y obras sociales en la fijación de precios y aranceles.
