El Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó al Cartel de los Soles —dirigido por el dictador venezolano Nicolás Maduro— en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO), una medida que entra en vigor este lunes y que habilita nuevas herramientas legales para aplicar sanciones más severas, congelar activos y perseguir penalmente a cualquier persona o entidad vinculada con la estructura criminal. La decisión coloca a la red venezolana en la misma categoría que carteles y grupos armados internacionales reconocidos por su capacidad de generar violencia y desestabilización regional.
La lista FTO otorga a Washington “facultades jurídicas amplias” para actuar contra quienes colaboren con organizaciones designadas. Según el texto original, “Sumar al Cartel de los Soles refuerza el andamiaje legal que ya pesaba sobre altos funcionarios venezolanos por tráfico de drogas y corrupción, y amplía la posibilidad de acciones más agresivas.” El secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que el grupo “es responsable de violencia terrorista en todo el hemisferio”, reiterando que Estados Unidos considera a Maduro como jefe de la estructura criminal, acusación que la dictadura venezolana rechaza.
Además de las sanciones y bloqueos financieros ya vigentes, la designación permite intensificar la presión sobre aliados, bancos y empresas que mantengan vínculos con el régimen de Caracas. Las actividades de apoyo al cartel o a los funcionarios involucrados podrán ser perseguidas penalmente bajo legislación antiterrorista, ampliando el alcance del embargo petrolero y los controles económicos que afectan al país.
La decisión se anuncia en medio de un despliegue sin precedentes de fuerzas estadounidenses en el Caribe. El portaviones USS Gerald R. Ford, acompañado por una flota de barcos, aviones de combate y 12.000 efectivos, lidera operaciones contra el narcotráfico. Desde septiembre, las fuerzas de EEUU hundieron al menos 21 embarcaciones sospechosas, registrándose más de 80 muertes en acciones ligadas a organizaciones criminales. Expertos consultados por agencias internacionales consideran que esta designación “abre nuevas opciones” para Washington, especialmente en términos militares.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, calificó la medida como un avance que brinda “toda una gama de alternativas legales” para futuras acciones, incluso sobre infraestructura o activos vinculados al cartel fuera de zonas urbanas. Aunque la legislación FTO no autoriza explícitamente ataques armados, podría servir como justificación para operaciones puntuales en escenarios determinados.
El régimen de Maduro enfrenta un escenario más complejo en lo económico: economistas citados por AFP señalan que la designación podría endurecer el embargo y obligar al país a vender petróleo con fuertes descuentos, profundizando la crisis. Políticamente, Maduro afirma que no se dejará “intimidar”, mientras mantiene una activa agenda pública junto a altos mandos militares. Sin embargo, analistas como Alexis Alzuru indican que un diálogo con Washington es improbable sin una fractura interna en el chavismo.
En el corto plazo, la declaración como organización terrorista extranjera incrementa los controles sobre cualquier operación financiera vinculada al régimen y eleva los riesgos para países y empresas con intereses en Venezuela. A la par, la recompensa estadounidense por la captura de Maduro permanece en 50 millones de dólares, reforzando la presión internacional y reduciendo el margen de maniobra del chavismo en el plano diplomático.
