Las fuertes críticas del Gobierno nacional hacia la nueva Marcha Federal Universitaria volvieron a tensar la relación con estudiantes, docentes y autoridades académicas, en una jornada marcada por movilizaciones masivas en distintos puntos del país. Desde la administración de Javier Milei insistieron en que la protesta tiene “un claro componente político” y cuestionaron la participación de sectores opositores en la convocatoria.
La movilización, que tuvo su epicentro en Plaza de Mayo, fue impulsada por gremios universitarios, centros de estudiantes y rectores que reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y denuncian un fuerte deterioro salarial y presupuestario. Según dirigentes del sector, el ajuste aplicado por el Ejecutivo afecta el funcionamiento de las casas de estudio y pone en riesgo actividades académicas y científicas.
El Gobierno endureció el discurso
En la previa de la marcha, funcionarios nacionales minimizaron los reclamos y señalaron que detrás de la protesta existen intereses partidarios. El oficialismo sostuvo que las universidades reciben fondos y volvió a reclamar auditorías y controles sobre el uso del presupuesto universitario. En paralelo, referentes libertarios cuestionaron que la movilización se convierta en “una herramienta de desgaste político” contra la gestión nacional.
Desde el ámbito universitario rechazaron esas acusaciones y aseguraron que la convocatoria excede cualquier identificación partidaria. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, afirmó que participan incluso votantes del propio Milei preocupados por la situación educativa y acusó al Gobierno de “deslegitimar” el reclamo. Además, reclamó una mesa de diálogo urgente para resolver la crisis presupuestaria y salarial.
Un conflicto que sigue creciendo
La tensión entre el Ejecutivo y las universidades se profundizó en los últimos meses debido al congelamiento presupuestario y la pérdida del poder adquisitivo de docentes y no docentes. Distintos informes del sector sostienen que las transferencias nacionales cayeron significativamente desde 2023 y alertan sobre dificultades para sostener el funcionamiento de hospitales universitarios, investigaciones y actividades académicas. Mientras el Gobierno mantiene su postura crítica frente a las protestas, el conflicto universitario suma apoyo social y promete continuar en las próximas semanas.
