Mientras despliega su estrategia política de alcance nacional, el gobernador de Jujuy Gerardo Morales, hace lo suyo también en la provincia con algo que le importa mucho: el Poder Judicial. Así como cuando asumió en la gobernación logró ampliar el Superior Tribunal de cinco a nueve integrantes, e incluso nombró allí como jueces/zas a legisladores/as que votaron esa reforma, ahora lleva adelante una ofensiva para vaciar parte de esa Corte que él mismo cambió y en la que confió, pero supone que ya no le será suficientemente funcional o al menos hoy no le es políticamente útil. Impulsó, a través de un pacto con el PJ local, tres pedidos de juicio político contra Clara De Langhe de Falcone, Sergio González y Beatriz Altamirano. Anoche, en la Legislatura provincial, descontaban la presentación de sus renuncias (forzadas) para ahorrarse el proceso de remoción y evitar que escale un escándalo.
La jugada de Morales tiene dos lecturas en los pasillos de la política y la justicia de Jujuy: el ataque a los supremos locales es parte de un pacto con Rubén Rivarola, el presidente PJ jujeño, titular del bloque del PJ en la Legislatura local y dueño del diario El Tribuno. En caso de que el gobernador integre una fórmula presidencial como aspira, Rivarola podría perfilarse como su sucesor en la provincia. Si no logra subirse a la carrera presidencial, Morales buscará reformar la Constitución local que le habilite una segunda reelección. Para cualquiera de los casos, apuesta a disponer de un tribunal leal que sostenga las reformas, que además lo blinde, y que fruto de una negociación, pueda garantizar la misma función para Rivarola. De hecho, los nombres que suenan como posibles sucesores navegan entre ambos espacios políticos que, allí, son aliados.
Tres, afuera
Los tres pedidos de juicio político ingresaron a la Legislatura el 18 de abril, con diferencia de pocas horas, después del mediodía. De Langhe De Falcone, también conocida como Titina, asumió la presidencia del Superior Tribunal recién ampliado después que Morales llegó a la gobernación a fines de 2016 y su obsesión era la detención y multiplicación de causas contra la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala. El juez González, había asumido durante el gobierno de Eduardo Fellner, es uno de los nombres a ser reemplazados, en teoría, por un peronista. Altamirano era diputada por el radicalismo cuando la legislatura local votó entre gallos y medianoche la reforma del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy y fue nombrada enseguida jueza suprema. Había sido procuradora y, al parecer, parte de la inquina actual con ella responde a que falló contra la esposa de Morales, Tulia Snopek, en un reclamo de alimentos de su propia madre. El otro exdiputado que había votado la reforma y se convirtió en supremo fue Pablo Baca, quien renunció en 2020 denunciado tras la difusión de conversaciones donde reconocía que Sala seguía detenida porque su libertad era un problema para Morales.
De Langhe de Falcone es una mujer origen radical que lleva 12 años como cortesana, pero antes había sido diputada provincial e intendenta de San Pedro. Uno de sus yernos, el juez Gastón Mercau, ordenó en 2016 detener a Sala. El pedido de remoción en su contra, ampliación de uno anterior que le recriminaba no presentar su declaración jurada de bienes y dictar órdenes fuera de su órbita, la acusa de abuso de autoridad y tráfico de influencias. En parte es por nombramientos en el Poder Judicial de su hijo Esteban y su nieto Gastón Mercau (hijo del juez), entre otras personas. La magistrada suprema había tenido un pedido de jury por arreglar una estrategia con Morales para presentar testigos contra Milagro Sala ante una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de manera de justificar su detención. Pero esa denuncia fue rechazada en 2017, el mismo año que fue presentada. Ahora venía enfrentada con el jefe de los fiscales, Sergio Lello Sánchez, quien amagaría con pasar al fuero federal una denuncia en su contra por apropiación de su hijo Esteban. Está acusada de alteración o supresión de la identidad y la retención y ocultación de un menor de diez años.
El pedido de jury contra Altamirano habla de incumplimiento de la ley de ética, por firmar una resolución para no presentar su declaración jurada de bienes, por mora en el trámite de causas y por modificar leyes por acordadas, algo que compartiría con otros colegas, lo mismo que arrogarse facultades legislativas. En el caso de González el pedido de enjuiciamiento subraya la existencia de una causa penal por supuesto desmanejo de fondos públicos para la construcción del Centro Judicial de San Pedro de Jujuy, entre otras cosas. A última hora de este miércoles crecían las versiones de más pedidos de juicio político, que apuntarían contra los jueces Federico Otaola, un exdiputado radical que entró con la ampliación de 2016, y José Manuel del Campo, un socio del estudio de Fellner que es de los más antiguos integrantes del tribunal donde está desde 1998.
Danza de nombres
Ya antes de las precipitadas renuncias comenzó la clásica especulación sobre quiénes irán a llenar los lugares vacíos y a conformar un tribunal que satisfaga tanto a Morales como a Rivarola. En la danza nombres, el del exgobernador Walter Barrionuevo se repite con insistencia. Barrionuevo es un peronista histórico, hoy asesor todoterreno de Rivarola. También había sido vicegobernador con Fellner, senador nacional y diputado provincial. La diputada provincial de la UCR y antes diputada nacional Gabriela Burgos sería una de las favoritas del gobernador. Su padre, Benjamín Burgos, fue juez del Superior Tribunal jujeño durante la última dictadura cívico militar. Más nombres que dan vueltas: Alberto Matuk, hoy asesor del vicegobernador jujeño Carlos Haquim, aunque previamente pasó por múltiples cargos (juez, fiscal, ministro, diputado, secretario parlamentario en la legislatura, co-redactor del código procesal penal de la provincia, entre otros). Mariano Miranda, actual fiscal de Estado y leal al gobernador en los manejos judiciales, es un candidato que siempre aparece cuando se habla de vacantes y lo mismo que Lello Sánchez, a quien se le creó un cargo para dirigir el Ministerio Público de la Acusación, como jefe de los fiscales, para perseguir a líder de la Tupac Amaru y a la oposición. Lello Sánchez –quien carece de fueros que lo protejan– tiene denuncias de empleadas por violencia laboral, de género y persecución.
Mientras Morales sigue desplegando sus habilidades de ajedrecista político, el capítulo judicial de su feudo probablemente traiga novedades en los próximos días y horas.
