El organismo recaudador nacional anunció cambios que afectan la tributación de quienes invierten tanto en el país como en el exterior. Según lo informado por ARCA, los contribuyentes que poseen activos o generan ingresos por inversiones en el extranjero —por ejemplo a través de acciones, bonos, cuentas o servicios exportados— deberán registrarlos y declararlos para acceder al nuevo régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias.
Esta iniciativa busca homogeneizar el tratamiento fiscal entre quienes generan rentas dentro de Argentina y quienes lo hacen fuera, cerrando lo que denominan una “zona gris” de incumplimiento.
El nuevo régimen establece que los inversores deberán ingresar sus datos al sistema de ARCA, que podrá liquidar automáticamente el impuesto sobre la base de la facturación, deducciones y datos provistos.
Al mismo tiempo, se mantienen otros tributos relevantes para las inversiones: por ejemplo el Impuesto Cedular, que grava rentas tales como dividendos, enajenación de títulos valores o inmuebles y otros instrumentos financieros.
Esto significa que el inversor argentino debe considerar varias capas tributarias al hacer inversiones, tanto locales como internacionales.
Aunque los cambios fueron anunciados con expectativas de simplificación, especialistas advierten que persisten ambigüedades legales y operativas. Por un lado, aún falta la normativa que dé respaldo legal total a estas modificaciones.
Por otro lado, existe preocupación de que la implementación de embargos automáticos y controles más férreos —prácticas observadas recientemente en ARCA— pueda afectar a pequeños inversores o profesionales independientes.
Frente a este escenario, los asesores tributarios recomiendan a quienes invierten en el exterior o ejerzan actividades freelance con clientes en el extranjero —o bien generen ingresos por instrumentos financieros— que anticipen su asesoramiento contable, registren correctamente sus activos y rentas y evalúen las implicancias fiscales antes de tomar decisiones de inversión. Así podrán optimizar su estructura fiscal y evitar sanciones o recargos por omisión.
