El Gobierno de Jujuy avanzó con nuevas medidas para fortalecer las sanciones frente a casos de violencia laboral dentro de la administración pública provincial. La Dirección Provincial de Personal y la Secretaría de Trabajo y Empleo firmaron un convenio marco que busca mejorar los mecanismos de prevención, intervención y sanción ante situaciones de acoso, hostigamiento o abuso en los lugares de trabajo.
Uno de los principales cambios establece que, cuando una denuncia concluya con una resolución administrativa que confirme la existencia de violencia laboral, podrán aplicarse medidas disciplinarias más severas contra la persona responsable. Además, en los episodios considerados de mayor gravedad, el Estado provincial prevé articular actuaciones con el Juzgado de Trabajo, abriendo la posibilidad de que también existan consecuencias desde el ámbito judicial.
El esquema se apoya en la Ley Provincial N° 6300, mediante la cual Jujuy adhirió al Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre violencia y acoso en el mundo laboral. Esa normativa también establece la capacitación obligatoria en la materia, con perspectiva de género, para quienes desempeñan funciones en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la provincia.
En paralelo, las autoridades provinciales avanzan con capacitaciones y protocolos específicos tanto en organismos públicos como en ámbitos privados. El objetivo declarado es contar con procedimientos más claros para prevenir situaciones de violencia, garantizar canales de denuncia y disponer de herramientas administrativas y judiciales más firmes cuando los hechos sean comprobados.
