La Justicia laboral dispuso un freno parcial a la reforma impulsada por el Gobierno nacional. El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63 ordenó la suspensión provisoria de 83 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, tras hacer lugar a una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT). La decisión, adoptada este lunes, implica que esos puntos quedarán sin efecto hasta que se dicte una sentencia definitiva.
Según se desprende de la resolución firmada por el juez Raúl Horacio Ojeda, el tribunal consideró que la aplicación inmediata de la norma podría generar “daños irreparables” a derechos laborales y sindicales protegidos por la Constitución Nacional. En este sentido, la Justicia resolvió mantener el “status quo” mientras avanza el proceso judicial.
Además, el fallo reconoció la legitimidad de la CGT para impulsar la demanda de manera colectiva. La central obrera, representada por Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, había solicitado la suspensión al considerar que varios artículos de la reforma presentan incompatibilidades constitucionales y afectan derechos adquiridos de los trabajadores.
Entre los puntos más relevantes incluidos en la cautelar, se destacan modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo, cambios en las condiciones salariales, la regulación de la jornada laboral, vacaciones y negociación sindical, así como también la derogación de la Ley de Teletrabajo prevista para 2027.
También se encuentran bajo suspensión artículos vinculados a indemnizaciones por despido, modalidades de contratación, beneficios sociales y límites al principio “in dubio pro operario”, que establece que ante dudas en la interpretación de una norma debe prevalecer la opción más favorable al trabajador.
La medida cautelar tiene alcance colectivo e inmediato, lo que implica que afecta tanto a trabajadores como a empleadores comprendidos en el régimen laboral general. De esta manera, los artículos suspendidos no podrán aplicarse hasta que la Justicia resuelva el fondo de la cuestión.
El fallo representa un nuevo capítulo en la disputa judicial por la reforma laboral y anticipa un proceso que podría extenderse en el tiempo. Mientras tanto, la normativa quedará parcialmente paralizada, a la espera de una definición definitiva sobre su constitucionalidad.
