La Justicia argentina volvió a poner en el centro del debate el financiamiento del sistema universitario al ratificar la obligación del Gobierno nacional de implementar la Ley de Financiamiento Universitario, una norma clave aprobada por el Congreso en 2025 y aún no aplicada plenamente.
El fallo, confirmado en segunda instancia, respalda una medida cautelar que ordena al Poder Ejecutivo cumplir con la ley vigente, luego de que su aplicación fuera suspendida mediante un decreto. La decisión judicial considera que esa suspensión presenta una “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”, por lo que exige garantizar la ejecución de la norma.
La ley establece la actualización automática del presupuesto universitario en función de la inflación, incluyendo salarios docentes y no docentes, becas estudiantiles y gastos de funcionamiento. Además, obliga al Estado a asegurar recursos para el sostenimiento del sistema científico y educativo, en un contexto de fuerte pérdida del poder adquisitivo y recortes presupuestarios.
El conflicto se intensificó luego de que el Gobierno vetara la norma, aunque posteriormente el Congreso la ratificó. A pesar de ello, el Ejecutivo demoró su implementación, lo que derivó en presentaciones judiciales por parte del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintos sectores académicos.
En este escenario, la reciente decisión judicial refuerza los reclamos de universidades, docentes y estudiantes, que vienen exigiendo el cumplimiento de la ley para garantizar el funcionamiento del sistema. Mientras tanto, el conflicto continúa abierto y se esperan nuevas definiciones políticas y judiciales en las próximas semanas.
