La Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a quedar atravesada por diferencias internas en torno a la Ley de Tierras Rurales. Los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti no lograron alcanzar un acuerdo sobre el tratamiento de una nueva presentación judicial contra el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei, por lo que el máximo tribunal decidió incorporar a dos conjueces para avanzar en la resolución del expediente.
Las diferencias dentro de la Corte Suprema
La controversia gira alrededor del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la legislación que establecía restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La nueva causa fue impulsada por la Asociación Civil Árbol de Pie, que cuestiona la medida desde una perspectiva ambiental. Ante la falta de consenso entre los tres integrantes de la Corte, se dispuso la intervención de magistrados suplentes para completar la integración del tribunal y permitir una definición judicial.
El conflicto se reactivó después de que, el pasado 29 de septiembre, la Corte revocara un fallo que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras. En aquella oportunidad, los jueces consideraron que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata no contaba con legitimación procesal para promover la demanda. Sin embargo, posteriormente aclararon que esa decisión no implicaba pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto, dejando abierta la posibilidad de nuevos planteos judiciales.
Una definición judicial con repercusiones políticas
Mientras continúa el debate dentro del máximo tribunal, la Cámara de Diputados se prepara para discutir el futuro del DNU 70/2023, cuya derogación ya fue aprobada por el Senado en marzo de 2024. En paralelo, la Corte aceleró los plazos para resolver la nueva presentación, que incluye un pedido de medida cautelar capaz de restablecer las restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros. De esta manera, el conflicto mantiene abiertas tanto la discusión judicial sobre la constitucionalidad de la medida como sus posibles consecuencias políticas y económicas.
