El Senado de la Nación obtuvo media sanción al proyecto de Reforma Laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei, en una sesión maratónica que se extendió por más de 14 horas y finalizó en la madrugada de este jueves. La iniciativa oficialista fue aprobada en general con 42 votos a favor y 30 en contra y ahora será debatida en la Cámara de Diputados para intentar convertirla en ley.
La propuesta, denominada oficialmente Ley de Modernización Laboral, incorpora cambios profundos en el régimen de trabajo vigente, con modificaciones sobre indemnizaciones, contratación, banco de horas y reglas sobre sindicatos y huelgas. El proyecto también contempla la creación de un fondo para cubrir desvinculaciones y nuevos mecanismos de cálculo de créditos laborales, entre otras reformas clave del sistema.
El oficialismo celebró el resultado en el Senado como un triunfo legislativo y un “punto de inflexión histórico” para la legislación laboral argentina. En un comunicado, la Oficina del Presidente destacó que la reforma apunta a terminar con la “industria del juicio” y aportar “previsibilidad, dinamismo y libertad” al mercado de trabajo. El presidente Milei agradeció a los senadores que apoyaron la iniciativa y subrayó que modernizar las normas permitirá generar empleo formal y mayor inversión.
La votación se produjo en un contexto de fuerte tensión política y social: mientras el oficialismo logró el respaldo de bloques como La Libertad Avanza, UCR, PRO y legisladores provinciales, la oposición peronista rechazó el proyecto, denunciando que retrocede en derechos laborales y podría ser inconstitucional. Afuera del Congreso se registraron protestas y enfrentamientos entre manifestantes y la policía, con heridos y detenidos, reflejo de la polarización que genera la reforma entre trabajadores, sindicatos y organizaciones sociales.
Con la media sanción obtenida, la iniciativa ahora será enviada a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará su aprobación definitiva durante el período de sesiones extraordinarias. El debate en la Cámara baja promete ser intenso, ya que tanto sindicatos como sectores empresariales y legisladores de distintas fuerzas políticas continuarán negociando modificaciones y nuevos consensos antes de la definición final de la ley.
