El pasado 20 de junio, la capital jujeña fue escenario de una jornada marcada por el caos y la violencia. Las manifestaciones en contra de las modificaciones de la Constitución Provincial y por mejoras salariales se tornaron incontrolables, desencadenando enfrentamientos violentos entre la policía y los manifestantes. Los acontecimientos llegaron a su punto crítico cuando un grupo de personas encapuchadas vandalizó la Legislatura de Jujuy e ingresó al edificio a través de las ventanas, provocando un incendio en las oficinas legislativas.
En respuesta a estos hechos, la Fiscalía de Estado anunció en la tarde del martes que se presentará como querellante en las causas abiertas contra los presuntos responsables. El fiscal Miguel Rivas declaró que se procederá al embargo de los involucrados y subrayó que se solicitará su inmediata detención.
Según Rivas, los daños ocasionados al Estado provincial superan los $1.000.000.000, considerando tanto los destrozos en la Legislatura como los ataques a la policía en el acceso a Purmamarca. Además, el fiscal mencionó los incidentes ocurridos días atrás en el Concejo Deliberante de Humahuaca, y la destrucción de automóviles y lesiones a los agentes de seguridad. También se destacaron los daños millonarios en el sector turístico y en la producción local de la provincia de Jujuy.
El fiscal de Estado enfatizó que los daños causados en la «casa de piedra» son particularmente graves, ya que se destruyeron archivos y material electrónico, además de los daños materiales en sí.
Rivas hizo hincapié en que se solicitará la detención inmediata «de los violentos, extorsionadores, delincuentes y sediciosos, no de un manifestante común». Se estima que dichas detenciones podrían llevarse a cabo en un futuro cercano.
Por su parte, el procurador de la Provincia, Sebastián Albesa, enfatizó la responsabilidad constitucional de proteger los intereses de la provincia y salvaguardar el orden constitucional y democrático. Albesa afirmó que cortar rutas no es una forma legítima de protesta, sino un delito penado por el Código Penal. Además, resaltó que estas acciones ponen en peligro la salud de las personas y perjudican el trabajo de la población, especialmente en las regiones de la Quebrada y la Puna, donde el turismo se ve gravemente afectado.
En última instancia, Albesa dejó en claro que el Estado no tolerará la comisión de delitos contra el orden constitucional y el sistema democrático.
