En la madrugada de este miércoles, los habitantes del Complexo da Penha, en la zona norte de Río de Janeiro, protagonizaron una escena de horror: más de 50 cuerpos fueron trasladados a la plaza São Lucas, donde horas más tarde llegó la Defensa Civil para retirarlos. Los cadáveres fueron hallados en la zona boscosa entre los complejos del Alemão y de la Penha, escenario de la operación policial más letal en la historia del estado, que dejó 64 muertos y 81 detenidos, según cifras oficiales. Entre las víctimas se encuentran cuatro policías.
La abogada Flávia Fróes, presente durante la remoción, denunció que varios cuerpos presentaban marcas de disparos en la nuca, puñaladas y heridas en las piernas, describiendo la intervención como “la mayor masacre de la historia de Río de Janeiro”.
Los cuerpos fueron dispuestos en fila sobre la plaza, mientras familiares y vecinos intentaban reconocerlos entre gritos y llantos. Testigos relataron que uno de los cadáveres fue hallado sin cabeza y que un niño de nueve años ayudó a trasladar restos humanos. Organizaciones de derechos humanos solicitaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la participación de peritos internacionales para esclarecer lo ocurrido.
El activista Raull Santiago afirmó que la exposición de los cuerpos fue un pedido de los familiares, “para mostrar en qué condiciones fueron hallados”. Según él, los cuerpos encontrados no figuran en el parte oficial de muertes, y hasta el momento el gobierno estatal no emitió ningún comunicado sobre el caso.
Mientras tanto, las calles de Río de Janeiro permanecieron desiertas, con bares, restaurantes y farmacias cerradas. En barrios como Tijuca, Vila Isabel y Grajaú, el ambiente era de silencio y temor, similar al vivido durante la pandemia. “Parece Covid, muy extraño”, comentó una vecina a medios locales.
Incluso la autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, que conecta zonas controladas por el Comando Vermelho, permaneció cerrada durante horas. La ONU expresó su “horror” ante la magnitud de la operación, mientras la sociedad brasileña exige respuestas ante una tragedia que expone la violencia estructural y la impunidad policial en una de las ciudades más desiguales del país.
