El lunes 4 de agosto de 2025, el presidente Javier Milei firmó el decreto que veta dos leyes sancionadas en julio: una que establecía un aumento del 7,2 % en las pensiones y jubilaciones y otra que declaraba la emergencia en discapacidad, garantizando derechos y prestaciones adicionales para personas con discapacidad.
El Ejecutivo justificó los vetos aduciendo que ambos proyectos “ponían en riesgo el equilibrio fiscal” y carecían de fuentes de financiamiento claras, con un posible impacto sobre el gasto público de hasta 1,5 % del PIB, según advertencias del FMI. Además, fuentes gubernamentales anticiparon que su objetivo de fiscalización permanente responde a la exigencia de mantenerse dentro del acuerdo con el organismo internacional
La oposición respondió con fuerza. Líderes como Juliana Di Tullio, Juan Grabois, Victoria Tolosa Paz y otros diputados calificaron los vetos de “inhumanos”, “crueles” y “golpes institucionales” contra sectores vulnerables. Además, tanto partidos como organizaciones sociales anunciaron que insistirán en el Congreso e incluso evalúan vías judiciales para revertir la decisión presidencial, pidiendo que se rechace el veto en ambas cámaras
Ahora el Congreso deberá resolver si confirma o rechaza el veto presidencial. Para que Milei logre mantener su decisión ante un eventual rechazo, necesita que al menos un tercio de los legisladores presentes avalen el veto en Diputados y Senado. El oficialismo ya inició negociaciones con gobernadores y aliados ocasionales, especialmente en Diputados, en busca de asegurar los votos necesarios
